El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró una reserva temporal de recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de proteger 942.005 hectáreas estratégicas para la biodiversidad, el agua y las comunidades indígenas.
La medida, que tendrá una vigencia de dos años, busca preservar uno de los ecosistemas más importantes del país, clave para la regulación hídrica del Caribe colombiano y el equilibrio ambiental en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.
Reconocida como el macizo litoral más alto del mundo, la Sierra Nevada cumple funciones esenciales como la provisión de agua, la conectividad entre ecosistemas y la regulación del clima regional.
Freno a minería y nuevos proyectos
Con esta declaratoria, no se podrán otorgar nuevas concesiones mineras ni firmar contratos de hidrocarburos dentro del área protegida. Asimismo, durante la vigencia de la medida, las autoridades ambientales no podrán expedir nuevas licencias para exploración o explotación de recursos naturales.
La decisión también implica que la Agencia Nacional de Minería no podrá habilitar nuevas áreas para actividades extractivas en la zona.
Sin embargo, los proyectos que ya cuentan con títulos y licencias vigentes podrán continuar hasta su finalización, aunque no podrán ser prorrogados.
Medida preventiva para proteger el territorio
La ministra (e) Irene Vélez Torres aseguró que esta decisión responde al principio de precaución y busca proteger el territorio frente a presiones ambientales, especialmente por actividades extractivas.
El proceso incluyó la participación de comunidades locales y pueblos indígenas como los Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, quienes han insistido en la necesidad de salvaguardar este territorio considerado sagrado y vital para su cultura.
Un paso clave para la sostenibilidad
Con esta declaratoria, el Gobierno del presidente Gustavo Petro reafirma su compromiso con la protección ambiental, la seguridad hídrica y el respeto por los derechos de las comunidades ancestrales.
La medida es vista como un paso clave hacia un modelo de desarrollo sostenible, en el que la conservación del “Corazón del Mundo” se convierte en prioridad nacional.
