El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, líder natural del movimiento Defensores de la Patria, denunció públicamente este martes al presidente Gustavo Petro Urrego por lo que calificó como una grave violación a sus derechos fundamentales, tras revelaciones que indicarían interceptaciones ilegales de sus comunicaciones y un presunto perfilamiento político en su contra.
Según lo expuesto, Petro habría reconocido la existencia de informes de inteligencia sobre conversaciones en las que se menciona al propio De la Espriella, lo que, en criterio del candidato, constituye una confesión de prácticas conocidas en Colombia como “chuzadas”.
De la Espriella fue enfático en advertir que estos hechos no son aislados, sino que se enmarcan dentro de un patrón sistemático de persecución política contra figuras de oposición, recordando lo ocurrido con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, en un contexto de creciente polarización y violencia.
En ese sentido, el candidato aseguró:
“Hoy denuncio ante Colombia y la comunidad internacional que estoy siendo objeto de interceptaciones ilegales y perfilamiento político. Esto no es un hecho menor: es un atentado directo contra la democracia”.
Asimismo, negó de manera categórica cualquier vínculo con los contratistas de la firma Thomas Gregg & Sons, mencionados en recientes declaraciones del presidente, y retó públicamente a Petro a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones:
“Si el presidente tiene pruebas, que las muestre. No acepto insinuaciones ni montajes. Aquí estoy, de frente al país”.
El candidato también advirtió sobre la existencia de una campaña de desprestigio en su contra, que incluiría el uso de influenciadores, medios afines y estructuras digitales organizadas para difundir ataques sistemáticos, lo cual —según indicó— ya ha sido documentado y denunciado en distintos escenarios nacionales e internacionales.
Finalmente, De la Espriella reiteró que llevará estas denuncias ante instancias internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos, al considerar que en Colombia no existen garantías suficientes para la oposición política en el actual contexto electoral.
