El pulso jurídico por el control de la Universidad Autónoma del Caribe se intensifica. Este lunes, el representante del Ministerio de Educación Nacional, Carlos Morales Guerrero, sustentó un recurso de apelación contra la decisión que restituye los derechos de Silvia Gette Ponce.
“El juez no es competente”
Morales fue enfático en señalar que el juez de control de garantías habría excedido sus funciones al tomar decisiones que, según explicó, corresponden a otras jurisdicciones.
“El juez carecía de competencias para tomar las medidas ordenadas”, afirmó, al cuestionar la nulidad de actas y resoluciones desde mayo de 2013, lo que —a su juicio— “escapa por completo” a su ámbito de acción.
El funcionario precisó que los actos administrativos del Ministerio deben ser revisados por la jurisdicción contencioso-administrativa, no por un juez de control de garantías.
Rectoría en disputa
El Ministerio reiteró que actualmente existe un rector designado legalmente mediante acto administrativo: Jorge Enrique Senior Martínez, quien —según indicó— ejerce el cargo de forma legítima.
En ese sentido, sostuvo que no es viable la restitución inmediata de Silvia Gette, ya que implicaría desconocer decisiones administrativas vigentes que no han sido anuladas por la autoridad competente.
Debate de fondo
El representante también cuestionó que el fallo judicial sugiera la nulidad de decisiones del Ministerio, como la intervención y vigilancia especial sobre la universidad, sin que estos actos hayan sido objeto del proceso penal.
Además, frente al argumento del juez sobre el derecho a la resocialización de Gette, Morales indicó que este principio no implica necesariamente su retorno al cargo, recordando que fue condenada por abuso de confianza en hechos relacionados con el manejo de recursos de la institución.
Lo que sigue
La controversia ahora queda en manos de un juez de segunda instancia, que deberá definir si se mantiene o se revoca la restitución de derechos a Silvia Gette.
El caso continúa generando alta tensión institucional y jurídica en Barranquilla, con implicaciones directas sobre la gobernabilidad de la universidad.
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