La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre los riesgos jurídicos e institucionales que podrían generarse si no se expide oportunamente una ley que establezca el régimen sancionatorio aduanero, regule el decomiso de mercancías y el procedimiento aplicable.
Lo anterior, tras la decisión de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la facultad otorgada al Gobierno nacional para expedir esta regulación, al tratarse de una materia sometida a reserva de ley. La decisión fue diferida hasta el 20 de junio de 2026 para que el Congreso expida el nuevo régimen aduanero.
En este contexto, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública alertó que la falta de regulación podría generar a partir del 21 de junio limitaciones en la imposición de sanciones, dificultades en el decomiso de mercancías, controversias en los procesos en curso y afectaciones al recaudo y al control del contrabando.
La entidad informó que adelanta seguimiento preventivo al trámite legislativo y promueve espacios de articulación institucional para analizar los riesgos y escenarios asociados.
La Procuraduría reiteró que su intervención se enmarca en la función preventiva, con el propósito de anticipar riesgos y proteger el interés general, sin interferir en las competencias del Congreso y del Gobierno nacional.
