El Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla confirmó en segunda instancia la decisión que mantiene en libertad a Nicolás Petro Burgos dentro del proceso que se adelanta por el denominado caso de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
La decisión ratifica lo establecido previamente por el juez 14 de control de garantías, quien en una audiencia realizada en diciembre de 2025 se abstuvo de imponer medida de aseguramiento domiciliaria contra el exdiputado del Atlántico, imputado por cinco delitos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación y manejo de recursos públicos.
En su momento, el despacho judicial consideró que existía inferencia razonable en algunos delitos como peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, pero no en otros cargos imputados por la Fiscalía.
Sin riesgo actual que justifique detención
En esta nueva revisión, el juez de segunda instancia concluyó que no se configuran actualmente los elementos suficientes para imponer una medida de aseguramiento, al no evidenciarse riesgo de obstrucción a la justicia, peligro para la sociedad o intención de fuga.
Uno de los puntos analizados fue la supuesta existencia de un acuerdo de confidencialidad con Day Vásquez, expareja del procesado y testigo de la Fiscalía. Sin embargo, el despacho judicial determinó que el material probatorio corresponde a conversaciones de hace varios años y que dicho acuerdo nunca se concretó, por lo que no representa una acción vigente de interferencia en el proceso.
Además, el juez destacó que Vásquez mantiene un proceso de colaboración con la Fiscalía mediante preacuerdo, lo que refuerza la ausencia de una eventual obstrucción a la investigación.
Asistencia a audiencias y comportamiento procesal
Frente al argumento de posible fuga, el despacho judicial resaltó que Nicolás Petro ha comparecido de manera constante a las diligencias judiciales, tanto presenciales como virtuales, en los diferentes procesos que enfrenta, lo que desvirtúa el riesgo señalado por la Fiscalía.
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En cuanto al supuesto peligro para la sociedad, el juez señaló que en primera instancia no se desconoció la existencia de los hechos investigados, pero sí se concluyó que, al no ostentar actualmente un cargo público, no existe evidencia de continuidad delictiva ni justificación para una medida restrictiva de la libertad.
El caso Fucoso
La Fiscalía General de la Nación sostiene que Nicolás Petro, junto con Day Vásquez y otras personas, habría participado en la presunta apropiación de recursos destinados a la Fundación Conciencia Social (Fucoso), provenientes de la Gobernación del Atlántico.
Según el ente acusador, de aproximadamente 400 millones de pesos destinados a programas sociales para adultos mayores, cerca de 200 millones habrían sido desviados, mientras que el resto habría sido utilizado para los fines pactados.
Asimismo, se investiga la presunta falsificación de documentos para efectos de declaraciones ante la DIAN.
Este proceso se adelanta de manera paralela a otra investigación en la que Petro Burgos enfrenta señalamientos por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, hechos relacionados con la época en la que su padre era candidato presidencial.
