El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los artículos 2 al 8 del Decreto 572 de 2025, con el cual el Gobierno aumentó las tarifas y las bases de retención y autorretención en la fuente desde el año pasado.

El alto tribunal precisó que, si bien el artículo 365 del Estatuto Tributario facultó al Gobierno para fijar estas tarifas y bases, limitó el ejercicio de esa facultad reglamentaria al exigir una motivación suficiente y adecuada de los siguientes parámetros:

1) La cuantía de los pagos o abonos

2) Las tarifas del impuesto vigentes

3) Los cambios legislativos que tengan incidencia en dichas tarifas.

“Al realizar un estudio preliminar de legalidad, la Corporación determinó que el decreto y los documentos de soporte elaborados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no explican los fundamentos técnicos, económicos o jurídicos que demuestren la necesidad de implementar estas modificaciones ni el cumplimiento de los parámetros fijados en el artículo 365 del Estatuto Tributario“, explicó el Consejo de Estado.

Es por eso que concluyó que se cumplieron los requisitos específicos de procedibilidad de la medida cautelar de suspensión provisional del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.

La candidata presidencial Paloma Valencia fue la que hizo la solicitud de la medida provisional.

Argumentó que “Petro dejó sin liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas para financiar su derroche burocrático. Las estaba matando quitándoles la caja”.

Según Valencia, con esta decisión “salvamos miles de empleos en el país”.