El Gobierno de Colombia prorrogó el contrato por 10.000 millones de pesos firmado con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, empresa encargada de brindar asesoría jurídica internacional al Estado colombiano frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente Gustavo Petro.
La extensión del convenio ha generado nuevas controversias debido a las críticas que desde distintos sectores han surgido alrededor de la contratación de la compañía extranjera, señalada por algunos opositores como una microempresa con limitada trayectoria internacional.
El contrato, que asciende a 10.000 millones de pesos, tiene como objetivo respaldar jurídicamente al Gobierno colombiano en asuntos relacionados con las medidas y eventuales repercusiones diplomáticas derivadas de las decisiones adoptadas por autoridades estadounidenses.
Desde sectores políticos y de control se han solicitado explicaciones sobre los criterios utilizados para seleccionar a la firma y sobre el alcance real de los servicios contratados.
Mientras tanto, defensores del acuerdo sostienen que la asesoría internacional resulta necesaria ante la complejidad jurídica y diplomática del caso.
