El Partido Demócrata Colombiano encendió las alarmas tras denunciar presuntas amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento contra su presidente y representante legal, Pedro Adán Torres Pérez, y varios integrantes de su familia.
La denuncia fue realizada mediante un comunicado emitido desde San Basilio de Palenque, en el que la colectividad aseguró que los hechos coinciden con la actividad política que viene desarrollando su líder dentro del panorama nacional.
“Mensajes con alto contenido violento”
Según el partido, las intimidaciones recibidas contienen amenazas directas y mensajes violentos que representarían un riesgo para la integridad del dirigente político.
La organización sostuvo que estos hechos no pueden verse como situaciones aisladas y advirtió que cualquier atentado contra Torres Pérez o miembros del movimiento deberá ser esclarecido por las autoridades competentes.
Exigen garantías para ejercer la política
El partido hizo un llamado urgente al Gobierno de Colombia para que se brinden garantías reales de seguridad a quienes ejercen oposición, liderazgo social o actividades políticas dentro del país.
Además, exigió acciones inmediatas por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección para prevenir cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida del dirigente.
Clima de preocupación política
La denuncia se suma al creciente ambiente de tensión política y de seguridad que atraviesa el país en medio del inicio anticipado del escenario electoral rumbo a las presidenciales.
Distintos sectores han venido alertando sobre amenazas, hostigamientos y discursos de confrontación que podrían elevar el riesgo para dirigentes políticos y líderes sociales en varias regiones de Colombia.
“No nos van a silenciar”
En su pronunciamiento, el Partido Demócrata Colombiano aseguró que continuará participando activamente en el debate nacional y rechazó cualquier intento de intimidación.
“La democracia no puede construirse bajo amenazas ni miedo”, señaló la colectividad, insistiendo en que el ejercicio político debe contar con plenas garantías y protección estatal.
