En ejercicio de sus funciones preventivas y de control de gestión, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, emitió la Circular No. 002 de 2026. Mediante este documento, el Ministerio Público insta y exhorta a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas anticipatorias de gestión del riesgo de desastres para proteger el derecho fundamental al sufragio durante las elecciones del próximo 31 de mayo y eventualmente el 21 de junio.
El órgano de control recordó que, según la Ley 1523 de 2012, los alcaldes son los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en sus jurisdicciones. Por tanto, la labor de la Procuraduría se centra en el monitoreo y evaluación de estas acciones, sin que ello implique una coadministración de las responsabilidades locales
A través de la circular, la Procuraduría exhorta a los destinatarios a priorizar las siguientes acciones de gestión del riesgo de desastres:
A las alcaldías municipales y distritales: Se les insta a realizar visitas técnicas preventivas a los puestos de votación y a formular planes de contingencia para la reubicación de mesas ante posibles inundaciones o movimientos en masa. Asimismo, se recomienda adelantar el mantenimiento preventivo de drenajes y estructuras hidráulicas en las zonas aledañas a los centros de votación para mitigar riesgos de encharcamiento.
A las gobernaciones: El llamado es a articular los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres para identificar amenazas hidrometeorológicas y brindar apoyo técnico y operativo subsidiario a los municipios que lo requieran.
A la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD: Se solicita la emisión de lineamientos técnicos y alertas para proteger la infraestructura estratégica del proceso electoral, especialmente en zonas con niveles de amenaza alto o medio por la temporada de lluvias o de incendios.
A la Registraduría Nacional del Estado Civil: Se exhorta a identificar puestos en riesgo y a fortalecer la capacitación de los actores electorales en protocolos de respuesta y manejo de material electoral ante eventos climáticos adversos.
Finalmente, la Procuraduría recordó que el cumplimiento de estas directrices es vital para evitar la afectación de la integridad del material electoral y la seguridad de los ciudadanos. Advirtió que el incumplimiento de las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres es considerado una falta gravísima bajo el Código General Disciplinario, por lo cual mantendrá una vigilancia permanente sobre estas obligaciones.
