La Procuraduría General de la Nación advirtió este viernes que la empresa de energía Air-e, actualmente intervenida por el Gobierno nacional, no presenta condiciones de viabilidad financiera ni operativa tras 19 meses de intervención.
El órgano de control solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios entregar explicaciones detalladas sobre las acciones implementadas para enfrentar la crisis de la compañía, que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Según la Procuraduría, no se evidencian resultados estructurales que permitan garantizar la recuperación de la empresa, por lo que exigió información sobre los avances operacionales y financieros alcanzados durante el proceso de intervención.
El Ministerio Público también cuestionó la falta de estados financieros plenamente verificados y la ausencia de informes de auditoría publicados desde el inicio de la medida.
Además, manifestó preocupación por el aumento “sostenido” del pasivo corporativo y por presuntas irregularidades contractuales que han sido conocidas públicamente en medio de la administración intervenida.
Otro de los puntos señalados por la Procuraduría fue la constante rotación de interventores en Air-e, que ya completa cinco responsables distintos desde el inicio del proceso.
“Esto afecta la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención”, advirtió el ente de control.
La Procuraduría pidió a la Superservicios remitir una hoja de ruta actualizada para la empresa y detallar los mecanismos de empalme implementados entre las diferentes administraciones.
Asimismo, exigió a Air-e entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, así como la relación de contratos superiores a 500 millones de pesos y un plan de acción concreto para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado energético.
