El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y los congresistas Lina María Garrido y Jota Pe Hernández no lograron llegar a un acuerdo de conciliación dentro del proceso relacionado con presunto menoscabo a la integridad nacional, instigación a la guerra, injuria y calumnia.
La diligencia judicial se adelantó en medio de las controversias generadas por publicaciones realizadas en redes sociales, en las que, según la defensa del mandatario, se habría solicitado la captura del jefe de Estado.
El abogado Alejandro Carranza, representante del presidente Petro, aseguró que dichas publicaciones habrían afectado la soberanía nacional y la legitimidad institucional de la Presidencia de la República.
De acuerdo con la defensa del mandatario, los señalamientos difundidos públicamente trascendieron el ámbito político y podrían constituir conductas que afectan la institucionalidad del país.
Tras no alcanzarse un acuerdo conciliatorio entre las partes, el proceso continuará su curso en las instancias judiciales correspondientes.
