El conflicto armado en Colombia sigue ensañándose con la infancia. Un reciente y alarmante balance presentado por la Defensoría del Pueblo revela que, entre enero y mayo de este año, al menos 51 menores de edad han sido reclutados de manera forzada por distintas estructuras ilegales que operan en el país.
La cifra no solo expone una tragedia humanitaria persistente, sino que confirma una tendencia al alza que ya venía advirtiéndose: durante todo el año 2025 se registraron 410 casos, mientras que la Unicef ya había encendido las alarmas al reportar un incremento del 300 % en este delito entre los años 2019 y 2024 (periodo en el que más de 1.200 niños terminaron en las filas de la guerra).
Los focos rojos y el perfil de las víctimas
El fenómeno actual no se distribuye de manera uniforme, sino que golpea con especial fuerza a regiones específicas y a poblaciones vulnerables:
Geografía de la violencia: Los departamentos que concentran el mayor volumen de denuncias en lo que va de 2026 son Norte de Santander, Cauca y Antioquia.
Género: El 65 % de las víctimas corresponden a niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante son niñas y adolescentes mujeres.
Afectación étnica: Las minorías siguen estando en la primera línea de vulnerabilidad; el 17 % de los menores reclutados pertenece a comunidades indígenas y el 12 % a la población afrocolombiana (el 71 % restante no se autoidentifica con ningún grupo étnico).
¿Quiénes se están llevando a los niños?
El informe de la Defensoría del Pueblo pone nombre y apellido a los presuntos responsables de vaciar las aulas de clase para llenar las filas de combate. La responsabilidad del reclutamiento en este periodo se distribuye de forma casi simétrica entre cuatro grandes bloques criminales:
El Catatumbo: El reflejo de la crueldad en el terreno
La fría estadística de la Defensoría adquiere rostro con los hechos de violencia recientes. En el departamento de Norte de Santander —uno de los epicentros de esta crisis—, la población del municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, vivió este mes uno de los episodios más oscuros del año: un niño de apenas diez años perdió la vida y otros dos menores resultaron heridos tras un ataque perpetrado con un dron cargado de explosivos.
El uso de nuevas tecnologías y la presión sistemática sobre las escuelas rurales configuran un escenario crítico donde la infancia en Colombia sigue pagando el precio más alto de una guerra que no da tregua.
