Un juez de la República ordenó la suspensión provisional del proceso de contratación para la prestación de servicios de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), un contrato que supera los $78.000 millones y que había generado cuestionamientos por parte del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, que suspendió de manera provisional el proceso identificado como PSA-UNP-054-2026, mientras se analizan los argumentos presentados frente a la contratación.
El Gobierno del presidente electo confirmó la medida judicial y aseguró que considera pertinente la suspensión, al señalar que la adjudicación del contrato antes del cambio de Gobierno podría afectar aspectos relacionados con la seguridad del próximo mandatario, de los integrantes de su gabinete y el manejo de los recursos públicos.
Según la información entregada, De La Espriella ordenó solicitar la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que se hiciera seguimiento al proceso contractual.
Asimismo, el Gobierno entrante pidió a la Unidad Nacional de Protección acatar en su totalidad la decisión emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y facilitar el acceso a toda la información relacionada con el contrato suspendido.
El presidente electo también anunció que mantendrá un seguimiento estricto a los contratos y nombramientos que se realicen durante la etapa de transición gubernamental.
“La transición no puede utilizarse para acelerar decisiones que comprometan la seguridad institucional, los recursos de los colombianos o la capacidad de actuación del nuevo Gobierno. La transparencia será una condición innegociable desde el primer día”, afirmó Abelardo De La Espriella.
La suspensión tendrá carácter provisional mientras avanza el trámite judicial y se define el futuro del proceso de contratación de la UNP.
