La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra 17 personas, entre ellas cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por su presunta participación en una red de extorsión que operaba desde la cárcel de alta seguridad de El Barne, en el municipio de Cómbita (Boyacá).
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva habría funcionado entre enero y diciembre de 2025, contando con la participación de funcionarios del centro penitenciario y colaboradores externos que facilitaban la ejecución de extorsiones telefónicas realizadas por internos.
Según la Fiscalía, algunos de los implicados se encargaban de recopilar información de las víctimas, incluyendo su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares. Posteriormente, esa información era entregada a los reclusos, quienes realizaban llamadas a ciudadanos en diferentes regiones del país para exigir dinero mediante amenazas, haciéndose pasar por integrantes de grupos armados ilegales.
“Desde El Barne se realizaron numerosas llamadas en las que reclusos de diferentes pabellones, con agenda en mano, contactaban a personas en distintas regiones del país y, a nombre de estructuras armadas organizadas, exigían giros y consignaciones”, indicó la Fiscalía.
Las capturas fueron realizadas en un operativo conjunto con la Policía Nacional en Bogotá y en municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.
Entre los judicializados se encuentran los dragoneantes Javier Alexander Hernández, John Fredy Pineda, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca y Deivis Maryu Forero, quienes, según el ente acusador, habrían incumplido sus funciones de vigilancia al permitir el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos utilizados para cometer las extorsiones desde el penal.
Durante las audiencias, ninguno de los 17 procesados aceptó los cargos por el delito de extorsión imputados por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.
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Por decisión de un juez de control de garantías, el dragoneante Deivis Maryu Forero deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial, mientras que los demás continuarán vinculados a la investigación.
