Diversas organizaciones opositoras de Nicaragua, radicadas en el exilio, solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a los gobiernos del continente que desconozcan lo que califican como la consolidación de un régimen autoritario en ese país, luego de las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre el futuro de las elecciones.
En un pronunciamiento conjunto, los movimientos opositores instaron a los Estados miembros de la OEA y a los organismos internacionales a activar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana para responder, según afirman, a una ruptura del orden democrático en Nicaragua.
Las organizaciones sostienen que la situación trasciende el ámbito interno y representa un desafío para la estabilidad política, la seguridad regional y los flujos migratorios en el continente.
El llamado se produjo días después de que el presidente Daniel Ortega manifestara, durante los actos conmemorativos del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, argumentando que no permitirá que la oposición llegue nuevamente al poder por esa vía.
Para la oposición, esas declaraciones constituyen una intención de eliminar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes y consolidar un sistema político sin alternancia democrática.
En su declaración, las organizaciones advirtieron que la ausencia de una respuesta internacional podría favorecer el aumento de la represión, el exilio y la migración forzada, además de sentar un precedente negativo para la defensa de la democracia en la región.
También solicitaron que la comunidad internacional mantenga el desconocimiento de cualquier medida orientada a suprimir los procesos electorales y fortalezca las acciones diplomáticas previstas en el sistema interamericano.
Las declaraciones de Ortega también generaron reacciones de rechazo por parte de varios gobiernos de la región, entre ellos República Dominicana, Guatemala, Chile, Brasil, Costa Rica y Panamá. Asimismo, el Grupo de Puebla, integrado por líderes y expresidentes de tendencia progresista, expresó que ningún proyecto político puede situarse por encima del derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes.
De igual forma, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Gobierno de Estados Unidos manifestaron preocupación por el anuncio del mandatario nicaragüense.
Por su parte, la Cancillería de Nicaragua respondió rechazando las críticas internacionales y defendió la postura del Gobierno de Daniel Ortega frente a las decisiones adoptadas sobre el sistema político del país.
La controversia se produce en medio de un creciente debate internacional sobre la situación democrática en Nicaragua, donde Ortega permanece en el poder desde 2007 y ha sido objeto de cuestionamientos por parte de distintos organismos y gobiernos respecto a las garantías electorales y el respeto a las libertades políticas.
