La Corte Suprema de Justicia reiteró que los trabajadores que soliciten el retiro parcial de sus cesantías deben demostrar que los recursos fueron utilizados para los fines autorizados por la ley. De lo contrario, podrían ser despedidos con justa causa.
La decisión quedó consignada en la Sentencia SL245-2026, en la que la Sala de Casación Laboral confirmó la legalidad del despido de un trabajador que retiró cerca de 100 millones de pesos de sus cesantías con el argumento de adquirir una vivienda, pero nunca presentó los documentos que acreditaran esa inversión.
La Corte recordó que, aunque las cesantías normalmente se entregan al finalizar la relación laboral, la legislación colombiana permite retiros parciales únicamente para fines específicos, como la compra, construcción o remodelación de vivienda, así como para el pago de educación del trabajador, su cónyuge o sus hijos.
La magistrada Marjorie Zúñiga explicó que el empleador no solo está facultado para solicitar los soportes que demuestren el uso de esos recursos, sino que tiene la obligación legal de hacerlo para verificar que el dinero fue destinado conforme a la normatividad.
Entre los documentos que pueden ser requeridos se encuentran escrituras de compraventa de vivienda, facturas de remodelación, recibos de matrícula, certificados de pago de estudios y cualquier otro soporte que evidencie el destino autorizado de las cesantías.
El alto tribunal advirtió que, si el trabajador no acredita el uso correcto de los recursos, puede incurrir en una falta grave que justifique la terminación del contrato de trabajo. Además, señaló que las empresas también podrían enfrentar consecuencias legales si autorizan retiros parciales sin verificar posteriormente la destinación del dinero.
El fallo se originó tras la demanda presentada por un empleado con cerca de 37 años de antigüedad, quien fue despedido luego de no entregar la documentación solicitada por su empleador. La empresa abrió un proceso disciplinario y dio por terminado el vínculo laboral sin indemnización.
El trabajador acudió a la justicia argumentando que se había vulnerado su debido proceso y solicitó el reintegro o una compensación económica. Sin embargo, tanto los jueces de primera y segunda instancia como la Corte Suprema rechazaron sus pretensiones y concluyeron que el despido se ajustó a la ley.
Con esta decisión, la Corte reiteró que el retiro anticipado de cesantías constituye un beneficio sujeto a condiciones legales y que los trabajadores tienen el deber de demostrar que los recursos fueron utilizados exclusivamente para los fines previstos por la normativa laboral.
