Un juzgado penal del Circuito de Santa Marta condenó a Hernán Giraldo Serna, excomandante del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión por su responsabilidad en múltiples delitos cometidos contra tres menores de edad entre 2004 y 2006.
La sentencia lo declaró responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura en persona protegida, conductas que fueron calificadas como graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado.
Además de la pena privativa de la libertad, el despacho judicial impuso al exjefe paramilitar una multa equivalente a 1.086 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006.
Durante el proceso, la Fiscalía General de la Nación acreditó que Giraldo Serna utilizó el control que ejercía sobre la Sierra Nevada de Santa Marta para someter a las víctimas a diferentes formas de violencia y explotación, aprovechándose de su posición de poder dentro de la estructura armada ilegal.
La investigación también estableció que una de las menores fue sometida a condiciones de servidumbre debido a una discapacidad cognitiva, circunstancia que agravó la vulneración de sus derechos fundamentales.
Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2006 y fueron reconocidos como crímenes de lesa humanidad, condición que los hace imprescriptibles y permite que continúen siendo investigados y sancionados sin importar el tiempo transcurrido.
En el desarrollo del proceso, adelantado bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, Hernán Giraldo aceptó su responsabilidad durante las audiencias preparatorias realizadas en 2025 y se acogió a la figura de sentencia anticipada, lo que permitió agilizar la decisión judicial.
Cabe recordar que el excomandante paramilitar fue postulado al proceso de Justicia y Paz en 2006; sin embargo, posteriormente fue excluido de ese mecanismo transicional al incumplir las obligaciones y compromisos exigidos para permanecer en dicho sistema.
Con esta condena, la justicia colombiana suma una nueva decisión en los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos atribuidas a estructuras paramilitares que operaron en la región Caribe, en un fallo que busca garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.
