El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027 por $575,6 billones, una iniciativa que deberá ser debatida y aprobada durante el primer año del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella y que llega con un faltante de $30,2 billones sujeto a la aprobación de recursos adicionales.
El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el monto total equivale al 27 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, el documento contempla que una parte de los recursos aún no está asegurada.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los $30,2 billones, equivalentes al 1,4 % del PIB, corresponden a ingresos contingentes que dependerán de la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley de recursos adicionales, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
La propuesta establece que $545,1 billones provendrán de recursos de la Nación, mientras que $30,5 billones corresponderán a ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales.
En cuanto a las fuentes de financiación, el Gobierno proyecta recaudar $308,9 billones por concepto de ingresos tributarios y cerca de $905.000 millones mediante ingresos no tributarios.
El Ministerio también advirtió que los ingresos del Gobierno pasarán del 27,3 % del PIB en 2026 al 25,5 % en 2027, reflejando una reducción de 1,7 puntos porcentuales. Según la cartera, esta disminución responde principalmente a que para 2027 ya no se tendrán en cuenta los recursos extraordinarios obtenidos con las medidas tributarias adoptadas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica de 2026, además de una menor expectativa de recaudo por impuestos externos debido a la desaceleración prevista de las importaciones.
El proyecto será ahora estudiado por las comisiones económicas del Congreso, que deberán definir el presupuesto con el que iniciará la administración de Abelardo De La Espriella. El principal reto será encontrar la forma de cubrir el déficit de $30,2 billones sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas ni la ejecución de los programas de inversión y funcionamiento del Estado.
