El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la resolución mediante la cual el presidente Gustavo Petro designó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, al considerar que existen elementos suficientes para estudiar de fondo la legalidad del acto administrativo.
La decisión representa un revés para el Gobierno nacional, que había otorgado a Mancuso esa condición con el propósito de facilitar su participación en iniciativas relacionadas con la política de paz y el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado.
La medida cautelar implica que los efectos jurídicos del nombramiento quedan suspendidos mientras el alto tribunal resuelve la demanda presentada contra la resolución presidencial. Esto significa que Mancuso no podrá ejercer las funciones propias del cargo de gestor de paz hasta que exista una decisión definitiva.
El Consejo de Estado continuará con el análisis del caso para determinar si el acto administrativo expedido por el Ejecutivo se ajustó o no al ordenamiento jurídico.
La decisión reabre el debate sobre los alcances de las facultades del Gobierno para designar gestores de paz y sobre la participación de exintegrantes de grupos armados ilegales en los procesos de construcción de paz impulsados por el Estado.
