El exalcalde de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper, fue condenado a 8 años de prisión tras ser hallado responsable de irregularidades en un convenio de 723 millones de pesos destinado al mejoramiento nutricional de la infancia y a la recuperación ambiental del municipio.
La sentencia fue emitida por un juez de conocimiento, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que el exmandatario incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En el mismo proceso también fue condenado el contratista José Armando Ulloa Niño, quien recibió una pena de 6 años y 4 meses de prisión.
La investigación estableció que el convenio, suscrito el 30 de noviembre de 2015, incumplió principios esenciales de la contratación pública, entre ellos la legalidad, la planeación, la transparencia, la publicidad y la selección objetiva.
Uno de los hallazgos más relevantes del proceso fue que 560 millones de pesos fueron destinados a la compra de un inmueble, una operación que no hacía parte del objeto contractual, no estaba prevista en los estudios previos y tampoco contaba con la autorización del Concejo Municipal, requisito indispensable para ese tipo de adquisición.
De acuerdo con la Fiscalía, solo 163 millones de pesos terminaron siendo utilizados en actividades relacionadas con el propósito inicial del convenio, es decir, el programa de mejoramiento nutricional para niños del municipio.
Durante el juicio también quedó en evidencia que el expediente contractual presentaba graves vacíos documentales, entre ellos la ausencia de actas de recibo final, actas de liquidación e informes de interventoría, documentos considerados indispensables para respaldar la ejecución de recursos públicos.
Una vez quedó en firme la decisión judicial, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron al exalcalde Luis Alberto Tete Samper y al contratista José Armando Ulloa Niño en el barrio Centro de Ciénaga para hacer efectiva la condena.
Por disposición judicial, ambos cumplirán las penas impuestas en sus lugares de residencia. La decisión representa un nuevo fallo por hechos de corrupción relacionados con la contratación pública en el Magdalena.
