La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó este jueves de la «preocupante» situación debido al aumento de los eventos de conflicto armado durante las protestas de estos pasados meses y aseguró que tiene evidencia de que surgieron «grupos de civiles armados» en al menos 27 ciudades del país.
El último informe de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en Colombia de la JEP resalta el «surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social».
Así, tienen evidencias del surgimiento de «grupos de civiles armados» en al menos 27 ciudades que realizaron 56 acciones violentas entre el 28 de abril y el 30 de mayo pasados.
Estas acciones van desde amenazas hasta los homicidios registrados en Dosquebradas y Pereira (en el departamento de Risarada, oeste), y en Caicedonia, Tuluá, Cali y Palmira (en Valle del Cauca, suroeste).
Hasta ahora se destacaban sobre todo hechos de civiles armados disparando contra manifestantes en Cali y en Pereira, que dejaron homicidios como los del joven Lucas Villa en esta segunda ciudad, o casos como el de un motociclista armado, trabajador de la Fiscalía, que disparó contra jóvenes en un bloqueo del centro de Cali y después fue linchado hasta la muerte.
«Estos ‘grupos de civiles armados’ han reivindicado ideas de autodefensa o paramilitarismo en el sentido en que en los lugares donde cometen los hechos dejan grafitis pintados con siglas alusivas a las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)», se lee en el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que también revela que exmiembros de estas milicias han denunciado haber sido contactados para volverse a unir a organizaciones criminales.
AUMENTO DEL 400 %
Además, «en 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400 % pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en (los cuatro) años anteriores», asegura el informe.
Es decir, según la JEP, que en esos 32 días aumentaron en 111 «municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz» hechos como «las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado».
En el marco del paro nacional, también se registraron 12 casos de violencia sexual contra manifestantes y uno contra una policía y al menos 16 afectaciones de organizaciones que participan en los procesos del Sistema Integral de Paz, en el que está integrado la JEP.
Por todo ello, la JEP considera que la «situación es alarmante», ya que ve «probable» que empeore la situación de seguridad de organizaciones y personas que intervienen en el Sistema Integral para la Paz, surgido en el acuerdo con las FARC de 2016 y compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
El informe concluye señalando que Colombia ha sido el segundo país con una tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo (un muerto cada 36 horas) y que el paro nacional de 2021 ya cuenta con las cifras de muertes violentas más altas en los últimos 44 años en el país.
Las manifestaciones en Colombia, que comenzaron el pasado 28 de abril pero que en las últimas semanas han perdido intensidad hasta casi desaparecer, dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, en las que 48 se apunta directamente a la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 fallecidos y solo tres por acción de los uniformados.
D.A.
