Declaración del Procurador General de la Nación:
1. Las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan. Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos.
2. Las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato.
3. La Procuraduría General de la Nación cumplirá lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia y exhorta a las demás autoridades a acatar la orden impartida en el fallo de tutela.
4. En consecuencia, convocará mesas de trabajo para expedir, en 30 días, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, un protocolo “que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de meeting, reunión o cualquier acto de protesta”, y espera acompañar las mesas de trabajo que debe convocar el gobierno para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas.
5. El Ministerio Público avanza en el proceso disciplinario por los hechos que motivaron la acción de tutela y en las próximas semanas informará a la ciudadanía de nuevas decisiones.
