Por la presunta responsabilidad de la pérdida de $70.000 millones que se giraron a la Unión Temporal Centros Poblados para que llevará puntos de conexión a la internet en las escuelas más pobres del país, la Cámara de Representantes anunció moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen.
La moción de censura fue informada por la representante Katherine Miranda de la Alianza Verde, quien, además, pidió la renuncia de la ministra, esto por su presunta responsabilidad con esta contratación y la pérdida de este dinero.
Acá no vamos a permitir que la ministra siga tan campante como si nada, por eso hemos decidido radicar una moción de censura contra ella por las irregularidades alrededor de los contratos que, supuestamente, buscaba llevar conectividad a instituciones educativas en lugares apartados del país”, afirmó Miranda.
En ese mismo sentido, la congresista reiteró su pedido de renuncia a la ministra Abudinen, “parece que se nos olvida que Colombia está saliendo de una crisis económica sin precedentes, donde el Gobierno tiene por un lado un discurso de austeridad, pero la ministra se da el lujo de entregar este dinero sin ningún tipo de respaldo, por eso no solamente debe renunciar, sino debe responsabilizarse por los hechos y perjuicios ocasionados al dinero público”.
Esta moción de censuraes apoyada por sectores de la oposición y algunos congresistas independientes.
Cabe señalar que previamente, en la comisión sexta de la Cámara de Representantes, se había anunciado un debate de control político por estos mismos hechos.
Otro pronunciamiento en contra de la ministra lo dio Coalición de la Esperanza (la alianza de los dirigentes Juan Manuel Galán, Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle), que considera que la ministra Abudinen “tiene una responsabilidad política innegable frente a la pérdida de $70.000 millones que se dieron como anticipo para lograr la conectividad digital de las escuelas más vulnerables del país y que nunca llegó. Por tal razón, exigimos a la ministra que se aparte del cargo”.
Incluso formularon algunas preguntas sobre lo que hay detrás de ese contrato, “¿quién está detrás de la millonaria adjudicación, quiénes son los contratistas y quién los recomendó? ¿Cómo se le escapó a la ministra la verificación de las garantías aportadas por la Unión Temporal Centros Poblados, supuestamente falsas, a nombre el Banco Itaú? ¿Por qué se continuó con la adjudicación, aún conociendo la falta de idoneidad de la Unión Temporal Centros Poblados?”.
Aunque se espera un pronto pronunciamiento de la ministra de las TIC, ella señaló en julio pasado que “a lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”.
