Este lunes se conoció que el general (r) Mario Montoya, a través de su defensa, el abogado Andrés Garzón, pedirá a la JEP que investigación en su contra por el escándalo de los denominados falsos positivos quede en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, esto a pocos días de que se lleve a cabo la audiencia de imputación que pidió la Fiscalía.
La defensa del General (r) Montoya se decidió en hacer la petición luego de que la Fiscalía radicara la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el general en retiro por su presunta responsabilidad en el asesinato de civiles –reportados como resultados operacionales exitosos entre 2007 y 2008–, el Tribunal Superior de Bogotá estableció la fecha para dicha audiencia.
En este caso, la diligencia fue fijada por el magistrado Fabio David Bernal Suárez. Junto con la fecha se ordenó a la Defensoría del Pueblo asignar un abogado que actúe como representante de víctimas en el proceso.
La solicitud hecha por el defensor, llegó a los despachos de la JEP, con el fin de que se analice un posible conflicto de competencias, para lo cual el abogado Andrés Garzón, señala: “Me dirijo de manera respetuosa ante ustedes con el fin de solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz plantee el respectivo conflicto de competencia suscitado con la Justicia Ordinaria -Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- para que sea dirimido por la Corte Constitucional conforme al artículo 70 de la Ley 1957 de 2019″.
La defensa de Montoya sostiene como tesis que él “ha sido citado por la Fiscalía General de la Nación a diligencia judicial de formulación de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá (…) por hechos que son objeto de competencia prevalente por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz conforme al artículo 36 del Acto legislativo 01 de 2017″: Y agrega: “La JEP conforme a lo establecido en el Acto Legislativo número 01 de 2017, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas”.
La solicitud en síntesis explica: “es evidente que la Jurisdicción Ordinaria carece de competencia para resolver la situación jurídica del señor Montoya, situación que atenta en contra de la garantía constitucional”.
Sin embargo, se destaca que al exgeneral se le atribuyeron 104 casos de ejecuciones extrajudiciales durante ese año. Se conoce que dichos casos fueron motivados por una política que daba beneficios a los oficiales por cada “baja” en combate. No obstante, en noviembre de 2007 ante las denuncias de varias oenegés sobre las posibles ejecuciones cometidas por miembros de la institución, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, se vio obligado a emitir una directiva en la cual priorizaba las desmovilizaciones y las capturas por encima de las bajas en combate.
La petición de la defensa del general (r) Mario Montoya concluye señalando: “solicito de manera respetuosa a la Jurisdicción Especial para la Paz que plantee ante la Corte Constitucional el respectivo conflicto positivo de competencia para que esta resuelva de fondo la evidente competencia prevalente de esta sobre la Jurisdicción Ordinaria”.
