El nombre de Emilio Tapia Aldana siempre ha estado en medio de las polémicas, casos de corrupción como el tristemente célebre “Carrusel de la Contratación” de Bogotá, los saludos de cantantes famosos vallenatos, las fiestas de lujos derroches y excesos.
Pero, últimamente de él se sabía muy poco, hasta que apareció el vergonzoso episodio del contrato que el Ministerio de las tecnologías de la Información y Comunicaciones, MinTic, le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados, por mas de un billón de pesos, para llevar internet a las escuelas mas apartadas del territorio nacional.
El escándalo que se desató a raíz de las denuncias sobre unas garantías bancarias presentadas por la unión temporal a nombre del Banco Itaú, cuya autenticidad negó la misma institución{on bancaria, sumado al hecho que el Ministerio ya había desembolsado mas de 70 mil millones de pesos a la polémica unión temporal, produjo un verdadero terremoto político y judicial, que precipitó la salida de la ministra Karen Abudinen y que ha servido de combustible a los partidos de oposición, para promover debates de control político en el Congreso.
Sin embargo, el episodio vuelve a quedar en el radar de la opinión pública y de los medios de comunicación, a raíz de la decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación de emitir ordenes de captura contra de Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Emilio Tapia Aldana, quien está detrás de la empresa ICM, la cual hace parte de la tristemente célebre unión temporal.
Todo parece indicar que Tapia, siempre bien enterado de lo que sucede en el país y con excelentes relaciones en todo nivel, se enteró horas antes de oficializarse la orden de captura de la Fiscalía y decidió llegar a la Clínica La Misericordia de Barranquilla, donde permanece desde la noche del domingo con el diagnostico inicial de “crisis hipertensiva”.
Hasta esa institución de salud llegaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Gneral de la Nación, quienes debían cumplir con la captura de Tapia y traslado inmediato a Bogotá, por instrucción directa del fiscal general, Francisco Barbosa, diligencia que no se ha podido llevar a cabo, debido a que la Clínica no ha entregado el alta médica que permita darle salida al paciente, aduciendo que aun falta el resultado de unos exámenes de laboratorio que se le practicaron a Tapia.
El caso, es que todo este episodio parece una nueva argucia jurídica de Tapia, muy acostumbrado a dilatar los procesos y evadir su responsabilidad, para evitar que el país conozca a una de las caras de los verdaderos dueños de Centros Poblados, una unión temporal que ha venido escondiendo a sus reales cabezas, a través de una especie de telaraña jurídica y societaria, que no ha permitido identificar claramente quienes son los rostros detrás de un contrato al que se le decretó caducidad y que todavía no ha instalado el primer punto de internet a los niños mas pobres de este país.
