Durante el operativo que se llevaba en calma, se tornó violenta por parte de algunos internos.
Con fuertes enfrentamientos en uno de los patios de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, se vivieron durante un operativo realizado por personal de la policía nacional, donde desmantelaron una gigantesca red que cobraba vacunas.
Según el Gaula de la Policía, desde allí se realiza el mayor número de llamadas extorsivas a los colombianos y extranjeros.
La información se conoce tras una investigación y un centenar de denuncias, como la de Zully, dueña de una tienda en el sur de Bogotá.
“Me dicen que tienen mi nombre completo, número de identificación, mi teléfono y la dirección de mi negocio, que me conocen, que conocen a mi familia, que son de parte de la guerrilla y que la plata que les tenía que dar era para agrandar la seguridad de la ciudad”, dijo.
Zully se negó a pagar, entonces la amenazaron. “Me amenazaron con matar a mi familia y matarme a mí. Y entré en pánico”, anotó.
Por eso cerró para siempre su tienda, el único sustento de su familia.
“Corrí a la casa de un vecino a esconderme, porque me dio mucho susto. No quiero volver a salir. Tengo pánico de volver a abrir”, señaló.
La información de Zully y del resto de víctimas, cuenta el Gaula de la Policía , la obtienen los presos de las cárceles tras un análisis de las redes sociales de los extorsionados.
“Empiezan a sacarle información sobre la familia, muchas veces esa persona publica su número teléfono en las redes sociales y de ahí empiezan a escribirle y a extraerle la información”, explicó un investigador del Gaula.
Un negocio que a diario les deja millonarias ganancias a los presos y a los llamados plumas o caciques en las cárceles.
“En un día un interno que realice una llamada, yo creería que, según lo establecido en las investigaciones, puede hacerse entre 300 a 400 millones de pesos en un día y ese dinero, como se ha logrado establecer a través de los acervos probatorios, es que tienen personas en las calles que están pendientes para reclamar esos dineros, entregarle el porcentaje a la persona que presta su documento de identificación y posteriormente entregárselo al jefe de la organización, que en este caso es el pluma”, afirmó el investigador.
Llamadas extorsivas que realizan los presos desde teléfonos celulares, en su mayoría robados en las calles.
“Existe un descontrol en el tema de venta de teléfonos hurtados en las ciudades del país. Entonces, son adquiridos a bajo costos, esos teléfonos hurtados y terminan en esos centros penitenciarios y carcelarios”, apuntó.
Para combatir esa red que cobraba vacunas, el Inpec, el Gaula de la Policía y el Gaula Militar conformaron un grupo especial que bautizaron Demoledor.
El objetivo de estos hombres, en esta oportunidad, fue la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.
El CRI, un grupo especial del Inpec, fue el primero en ingresar al pabellón cuatro de Cómbita.
El operativo se desarrollaba en completa calma, hasta que, según los uniformados, un interno se negó a salir de su celda.
Ante la negativa del condenado de abandonar voluntariamente la celda, aseguran los guardias, utilizaron la fuerza.
La acción de las autoridades contra la red que cobraba vacunas desató la violenta reacción de algunos reclusos. Los guardias activaron gases lacrimógenos para evitar ser atacados por los violentos y que no se presentara una fuga de presos.
En medio de la inmensa nube de gas, según muestra un video del operativo, se observa una enorme llamarada al frente de una de las celdas.
Para las autoridades, la negativa del interno de salir de su celda voluntariamente y que habría desatado el enfrentamiento hace parte de una estrategia de los llamados plumas o jefes de pabellón para aprovechar el desorden y ocultar armas, documentos y teléfonos celulares utilizados para las llamadas extorsivas.
Ya controlados, los presos salieron uno a uno, en fila y con las manos en la cabeza. Ya con el pabellón sin los reclusos, entraron el Gaula de la Policía y el Gaula Militar a inspeccionar una a una las 116 celdas que albergan 300 internos en ese punto.
“El objetivo es recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física para ponerlos a disposición de la Fiscalía y que nuestras investigaciones nos permitan establecer los responsables de estos hechos criminales”, indicó el coronel Gustavo Adolfo Camargo, subdirector del Gaula de la Policía.
Un cuaderno fue clave entre los primeros hallazgos.
“Los delincuentes, desde las cárceles, contactan a la empresas, los desplazan hasta terrenos rurales y ellos conocen la ruta para ir guiando a las víctimas para que supuestamente cubran el servicio de acarreos o contratación de arreglo de finca. Y, con el mapa, ellos calculan el sitio para ir guiando a las personas para que lleguen a un punto donde dicen que están secuestrados o hay un cómplice de ellos. Ahí la retienen, mientras la victima consigna el dinero producto de la extorsión”, señala un uniformado que participó en el operativo.
En otras celdas, de la considerada cárcel de máxima seguridad, encontraron caletas con varios teléfonos celulares.
“Tenemos procesos investigativos en coordinación con el Inpec, en los que estamos estableciendo los canales por los cuales ingresan estos elementos a las cárceles”, sostuvo el coronel Camargo.
En el operativo, los investigadores también encontraron, en algunos de los casi 40 teléfonos celulares incautados, imágenes del ELN que, cuenta la Policía, son las que envían a las victimas desde sus celdas a través de los teléfonos para intimidarlas y presionar el pago de las extorsiones.
