El proyecto de ley busca eliminar el 4×1.000 en el país y logró ser aprobado en su primer debate en la Cámara de Representantes.
La iniciativa, que es liderada por la congresista del partido Verde Katherine Miranda, recibió vía libre en la Comisión Tercera de la Cámara, este martes 2 de noviembre del 2021.
Ahora, al proyecto le quedan otros tres debates que deberá superar para convertirse en Ley de la República. Su próximo paso será en la plenaria de la Cámara.
“¡Lo logramos! Aprobado nuestro proyecto de ley de eliminación del 4×1.000. Gracias a los ponentes y a ustedes por la linda energía”, escribió Miranda en su cuenta de Twitter.
¿QUÉ CONTEMPLA EL PROYECTO?
Según explicó Miranda, de superar todos sus debates, la eliminación del 4×1.000 “se dará de manera gradual y de acá al 2026 el impuesto va a desaparecer por completo”.
Esto ocurriría de la siguiente forma: en el 2023, se bajaría a 3×1.000; en el 2024, a 2×1.000; y en el 2025, a 1×1.000. Finalmente, en el 2026, ya no existiría.
Aclaró también que el proyecto contempla dos caminos para sopesar el dinero que la Nación dejaría de recibir con este impuesto.
Uno es un impuesto a los salarios más altos, que sería del 2 % a los que sean desde los 25 millones de pesos.
“Se recaudaría mensualmente con base en los ingresos tanto laborales como de otra índole de las personas naturales y tendría una tarifa marginal y progresiva de acuerdo al nivel de ingresos percibido. Igualmente, tiene en consideración para la determinación de la base gravable la posibilidad de descontar de los ingresos mensuales el monto asociado al pago de la seguridad social”, se lee en el proyecto.
El otro camino es eliminar los beneficios tributarios de las megainversiones, “lo que ascendería a alrededor de los 9 billones de pesos”.
“Este es un mensaje y un logro muy gratificante para el pueblo colombiano y estamos felices de sacar adelante este proyecto de ley”, sostuvo Miranda.
Para quienes no lo tienen claro, el 4×1.000 es un impuesto que consiste en cobrar 4 pesos por cada 1.000 pesos en operaciones financieras. Quienes lo cobran con las entidades financieras, pero quien lo usa es el Gobierno.
Eso sí, no aplica para todos los movimientos y hay algunas excepciones.
