La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y la Ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, firmaron una declaración conjunta en la que se comprometen a implementar la Ley de Utilidad Pública, creando 200 nuevas plazas para que las beneficiarias de la norma presten sus servicios.
La Ministra y la Defensora reiteraron su interés en la Garantía de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, lo que se materializa en el caso de las privadas de la libertad, en darles una mejor oportunidad en sus vidas, tras el error que cometieron.
La Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023) permite a mujeres condenadas que sean cabeza de familia, que hayan cometido en condiciones de marginalidad delitos relacionados con hurto, estupefacientes y otros cuya pena no supere los ocho años, y que no registren antecedentes judiciales recientes, conmutar su pena de prisión por la prestación de servicios comunitarios, conocidos como servicios de utilidad pública.
A la fecha se registran 133 decisiones que conceden este beneficio a 130 mujeres en 11 departamentos. Y 27 convenios suscritos con entidades públicas, sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales han habilitado 2.492 plazas a nivel nacional para tal fin. El Ministerio de Justicia y del Derecho habilitó 50 plazas más, y mediante orden judicial los jueces de la República han ordenado abrir siete adicionales en entidades territoriales, para un total de 2.549 en todo el país.
Durante su intervención, la ministra Ángela María Buitrago aseguró que “con la Ley de Utilidad Pública confirmamos la necesidad de que las instituciones caminemos de manera conjunta, para que podamos realizar la finalidad de una justicia restaurativa con visión de vulnerabilidad y con perspectiva de género”.
Por su parte, la Defensora del Pueblo aseguró que hoy es tomada una nueva medida que aporta a la implementación de la Ley de Utilidad Pública, “pues con la firma del documento habilitaremos plazas para que estas mujeres tengan la posibilidad de cumplir con el servicio social, uno de los requisitos que exige la Ley 2292 de 2023”.
Además, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Diego Olarte Rincón, presentó la herramienta informática MARÍA (Módulo de Apoyo para la Restauración, Integración y Acompañamiento), plataforma que facilitará la presentación y seguimiento de solicitudes del beneficio de utilidad pública mediante este instrumento. Defensoras y defensores públicos contarán con herramientas para analizar casos de utilidad pública que presentarán posteriormente ante los jueces competentes, permitiendo la identificación de cuellos de botella, retos y oportunidades de mejora.
