En el encuentro de Procuradores Judiciales Administrativos, la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, entregó un balance de los logros en materia preventiva, de intervención y de conciliación.
Acciones efectivas en procesos conciliatorios, preventivos y de intervención administrativa de la Procuraduría han permitido, entre enero de 2021 y junio de 2024, un ahorro a las arcas de la Nación de cerca de 7 billones de pesos.
Así lo refirió la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, en la instalación del Encuentro de Procuradores Judiciales I y II administrativos, realizado en el Club Militar, en donde presentó un balance robusto en asuntos judiciales con más de 71.790 conceptos emitidos ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Precisamente, uno de esos casos destacados por la Procuradora en materia preventiva y de intervención judicial, pero además generada a partir del conocimiento en asuntos llevados a conciliación, fue el del pleito entablado por firmas de abogados a nombre de docentes del fondo del Magisterio – FOMAG- en el que reclamaban el pago de intereses de mora por una supuesta consignación tardía de los recursos para el pago de las cesantías; la gestión de la Procuraduría permitió identificar el problema ante el Consejo de Estado, que emitió sentencia de unificación en la que negó la posibilidad de tal tipo de pretensiones, lo que permitió un beneficio económico para el Estado, cercano a los 3,5 billones de pesos.
Otro ejemplo en el que las acciones de la Procuraduría lograron resultados positivos fue el de la intervención en 31 procedimientos administrativos de cobro coactivo, entre 2023 y 2024, que evitaron el embargo ilegal de más 45 mil millones de pesos en recursos destinados a la salud.
En cuanto al ámbito preventivo, Cabello Blanco indicó que se realizaron más de dos mil visitas y cinco mil capacitaciones a los Comités de Conciliación de entidades públicas a nivel nacional y territorial lo que permitió formular correctivos que incidirán en la prevención de daños antijurídicos.
Por último, la Procuradora hizo referencia a los embates y ataques que ha recibido la institución, sobre todo en su función de intervención, por lo que recalcó en la necesidad de existencia del organismo en “defensa de los intereses de la sociedad y para garantizar el equilibrio en los órganos del poder público y la preservación de la democracia”.
