La comercializadora de energía Air-e ha alertado al Gobierno nacional sobre su situación financiera crítica y el inminente riesgo de colapso, según confirmaron a medios fuentes cercanas al asunto. La empresa ha enviado una carta a la Presidencia de la República en la que describe su situación como “inviable” debido al elevado precio de la energía en la Bolsa y otros factores, como la falta de quórum en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Air-e advierte que podría dejar de prestar el servicio en cuestión de días si no se encuentra una solución urgente.
El comunicado ha generado una considerable inquietud, especialmente en la Superintendencia de Servicios Públicos. Dagoberto Quiroga, jefe de la entidad, reconoció en una reunión en Santa Marta que se está evaluando la posibilidad de intervenir o aplicar otras medidas para enfrentar la situación. Esto se debe no solo a los problemas financieros de Air-e, sino también a las numerosas quejas de usuarios y la falta de ejecución de recursos destinados a inversión.
Air-e presta servicio a más de cinco millones de habitantes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Recientemente, la empresa ha estado en el centro de la controversia por sus decisiones de cortar la electricidad en áreas con dificultades en el pago de facturas. El Gobierno ha instado a las generadoras de energía a renegociar los precios de venta a Air-e, pero la empresa ha recibido respuestas de solo 4 de 23 solicitadas.
Según la legislación vigente, la Superintendencia de Servicios Públicos puede intervenir una empresa de electricidad si esta “no quiere o no puede” prestar el servicio. Existen dos posibles intervenciones: una toma de posesión para administrar la empresa y eventualmente devolverla a sus propietarios tras sanearla, o una toma de posesión para liquidar la empresa, con la consiguiente desaparición de la misma.
Desde su creación en 2021, Air-e ha estado bajo un programa de gestión con la Superintendencia, con revisiones trimestrales. La última revisión, publicada en julio de 2024, recomendó a la compañía acelerar el ritmo de sus inversiones.
Las protestas diarias contra la compañía en las calles reflejan la crisis que ya ha sido comunicada al presidente Gustavo Petro. La situación sigue en desarrollo, y se esperan decisiones clave del Gobierno en los próximos días para abordar esta grave problemática.
