Así lo indica el informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) sobre los delitos cometidos contra población migrante en los últimos cinco años en el país y su estrecha relación con la persistencia del conflicto.
El informe advierte que los centros urbanos se han convertido en zonas de mayor riesgo de homicidios selectivos y desapariciones.
Desde que comenzó la ola más fuerte del éxodo de venezolanos a Colombia (hace 5 años) producto de la crisis social y política en ese país, 6.151 migrantes han sido víctimas del conflicto armado.
A esto se suma la xenofobia y la vulnerabilidad con la que llegan a Colombia los ha hecho convertirse en blanco de desapariciones forzadas, reclutamientos, violencia sexual, amenazas, homicidios y desplazamientos, no sólo en los territorios donde históricamente han hecho presencia los grupos armados, sino también en ciudades capitales.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), a través del informe “Graves violaciones a los derechos humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia”, de 2019 y 2020, advirtió que los departamentos de mayor riesgo son Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Magdalena, Atlántico, Bolívar, La Guajira y Nariño, porque “son territorios con importante presencia de población migrante, que han contado histórica y actualmente con presencia de actores armados en el marco del conflicto armado, en donde se configura un escenario de riesgo latente para la población venezolana”.
Tan solo el año pasado, hubo seis masacres en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Cesar y Arauca en las que hubo víctimas de esa nacionalidad y la Defensoría del Pueblo ha emitido 24 alertas tempranas en todo el país advirtiendo de posibles victimizaciones por conflicto armado contra los migrantes.
También preocupa la situación de los menores de edad. Entre enero de 2019 y agosto de 2020, al menos 34 niños, niñas y adolescentes han sido asesinados, según el documento. Y en ese mismo periodo fueron amenazados 20 adolescentes entre los 14 y los 17 años.
Marco Romero, director de Codhes, explicó que “la ruptura de las relaciones diplomáticas hace que la frontera se vuelva una barrera que los refugiados deben terminar afrontando solos, pese a que la mayoría son consecuencia de decisiones políticas”. Como abrebocas para explicar la importancia de crear políticas transnacionales que velen por la protección de los derechos humanos de los refugiados, aseguró que “el manejo de las fronteras debe ser tratado como un espacio de protección internacional por las condiciones en las que usualmente llegan personas refugiadas (regulares o irregulares)”.
Desde el 23 de febrero de 2019, la más reciente ocasión en la que el gobierno venezolano, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, rompió las relaciones diplomáticas con Colombia, se complejizaron los protocolos y la eficiencia para acceder a denuncias judiciales cuando se cometen violaciones a los derechos humanos. Por eso, aunque entidades como la Unidad de Víctimas en Colombia están abiertas para recibir y documentar casos de venezolanos que hayan vivido victimizaciones en medio del conflicto armado, en la práctica el reconocimiento de derechos es mucho más complejo porque, por ejemplo, para aportar testimonios a esta entidad, es requisito que los migrantes estén regularizados.
