Ante la crisis social y económica que sufre la región Caribe por el incremento
desmedido de las tarifas de energía eléctrica, las cámaras de comercio y los
gremios se pronunciaron a través de un comunicado y expresaron lo siguiente:
- El alto costo de la energía eléctrica en la región Caribe se debe a decisiones
regulatorias establecidas en las resoluciones CREG 010 de 2020, CREG 188
de 2020 y CREG 024 de 2021. - El modelo creado por el esquema singular y temporal definido por la CREG
para la región Caribe le reconoce a los operadores de red las pérdidas por
fraude, con lo cual se aparta del criterio de eficiencia establecido en la Ley
142 de 1994 para definir la fórmula de fijación de las tarifas, tal como lo
advierte el reciente estudio de FUNDESARROLLO y Frontier Economics. - Dicho esquema se basa en el costo de servicio y altas tarifas para garantizar
la sostenibilidad de los operadores de red. Ello incluyó aplicar cargos
retrospectivos cobrados desde el momento de su solicitud y no, como es
natural, al momento de su aprobación, con lo cual se viola el derecho de
los consumidores de conocer el valor del servicio al momento de usarlo.
Además, las inversiones se reconocen desde la aprobación del plan
respectivo y no desde su materialización, lo que hace que su financiación la
asuman los usuarios anticipadamente con alzas en las tarifas. - Aunque, como dice el citado estudio, los operadores de red deben
recuperar las inversiones mediante incrementos tarifarios, era necesario
primero mejorar la calidad del servicio, con financiación del Estado o de los
nuevos operadores, y bajar las pérdidas antes de aplicar las alzas en el costo
del servicio. - Las resoluciones más recientemente divulgadas por la CREG no redundarán
en la reducción de tarifas en el Caribe porque mantienen el reconocimiento
de las pérdidas por fraude, el componente que más pesa en el aumento del
costo del servicio en esta región. Se limitan a diferir en el tiempo una fracción
de las alzas, que finalmente los usuarios pagaremos con intereses.
Desconocen con ello la responsabilidad del Estado en la crisis que sufre la
región Caribe al no haber ejercido una adecuada supervisión del sistema
para que se modernizara la infraestructura de distribución, no haber
intervenido a tiempo a Electricaribe, y haber prolongado este proceso. - Las alzas desmedidas en las tarifas serán mayores a partir de enero de 2023,
cuando los usuarios vuelvan a pagar el costo pleno del servicio más la
financiación de la reducción que se aplicó para los últimos meses de 2022.
Ello con el agravante de que, como se proyecta, también subirá el costo de
generación por la reducción de los embalses de las hidroeléctricas debido
a la temporada de clima seco, y se incrementará el precio del gas utilizado
por las termoeléctricas, por coyunturas internacionales. - El régimen especial establecido por la CREG para la región Caribe se puede
desmontar haciendo uso del artículo 126 de la Ley 142, el cual establece
que “Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que
antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión
para modificarlas… Excepcionalmente podrán modificarse en cualquier
tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se
cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los
intereses de los usuarios o de la empresa…”. - Las disposiciones dirigidas a las plantas de tecnología de ciclo combinado
a gas (capacidad eficiente instalada principalmente en la región Caribe),
tendrán como consecuencia un incremento en los costos de prestación del
servicio al llevarlas a operar ineficientemente. Ello implica incrementar los
costos de producción de energía, y entre otros efectos, comprometerán la
calidad y confiabilidad del servicio en la región al deteriorar la flexibilidad y
seguridad que esta tecnología aporta a la operación del sistema del Caribe
ante las deficiencias existentes en la red de transmisión y distribución local. - La sostenibilidad del modelo de gestión y el modelo regulatorio está en
entredicho por los cambios que se han aplicado en ellos, dadas las alzas
tarifarias que superan la capacidad de pago de los usuarios y los efectos
que éstas tienen sobre la economía y la población de la región Caribe,
como bien lo destaca el estudio de Fundesarrollo y Frontier Economics. - El mayor costo unitario de la energía afecta la productividad de las
empresas de la región Caribe, y comienza a provocar el aplazamiento o el
éxodo de sus programas de expansión y de contratación de personal, y el
freno de nuevas inversiones. - Los incrementos en el costo de este servicio impactan en mayor medida a
los hogares vulnerables, empobrecen aún más a la población del Caribe
porque condicionan las decisiones de consumo, y están incubando una
crisis social. - Las cámaras de comercio y los gremios de la región ratificamos nuestro
compromiso de seguir buscando con el sector público, en sus diferentes
niveles, estrategias y soluciones efectivas a la situación generada por el alza
excesiva en las tarifas de energía eléctrica en la región Caribe, y le
reiteramos al Gobierno nacional la necesidad de analizarla en detalle y con
una visión integral, de manera que entienda sus causas y su real dimensión,
para que con base en ello tome las decisiones que lleven al cumplimiento
de dicho objetivo.
