La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) anunció que interpuso una demanda contra el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, que comenzó a regir este miércoles 1 de julio, al considerar que pone en riesgo la seguridad jurídica del sector y la sostenibilidad de la prestación de estos servicios.
El presidente del gremio, Camilo Sánchez, aseguró que la implementación de la nueva regulación representa “la crónica de una muerte anunciada” y cuestionó la forma en que fue adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
“Nos vimos obligados a demandar este marco tarifario porque el problema no es que Colombia necesite una reforma, sino la manera en que se implementó, sin el rigor técnico, la seguridad jurídica ni el tiempo que las empresas requerían para proteger a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos”, manifestó Sánchez.
Aunque el nuevo esquema busca reducir las tarifas de acueducto y alcantarillado, Andesco sostiene que, en la práctica, el efecto podría ser el contrario para la mayoría de los usuarios.
El gremio explicó que las empresas venían operando con una estructura de costos basada en referencias de 2014 y que ahora deberán recalcularlas con valores correspondientes a 2024 y 2025, lo que implicaría incrementos en los costos de operación.
A ello se suman nuevas obligaciones relacionadas con inversiones ambientales, gestión del riesgo, reducción de pérdidas de agua, planes de sostenibilidad y obras de infraestructura, además del cumplimiento de un estándar máximo de pérdidas de cuatro metros cúbicos por suscriptor al mes.
Según Andesco, todos estos factores podrían traducirse en aumentos tarifarios, pese a que el objetivo de la regulación es disminuir el costo del servicio.
La asociación también cuestionó que el plazo de implementación haya sido de apenas tres meses, al considerar que no brindó el tiempo suficiente para que las empresas se adaptaran al nuevo modelo.
Finalmente, el gremio indicó que las acciones judiciales buscan garantizar una implementación ordenada de la regulación, con reglas claras, seguridad jurídica y un periodo de transición adecuado para las empresas y los usuarios.
