La Asociación Nacional de Instituciones Financiera, Anif, considera que el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional y con el que espera recaudar $15,2 billones, en el corto plazo resuelve varias emergencias y genera el ambiente de equilibrio político que necesita el país y por lo tanto debe ser tramitado.
No obstante, considera que deja por fuera diferentes aspectos que se necesitan para resolver las necesidades de fondo que dejó la emergencia sanitaria. En ese sentido considera que el proyecto no es estructural y vuelve a postergar la deuda que tiene el país, con un sistema tributario que recaude mejor, que sea progresivo, simple y que resuelva los problemas de redistribución que tiene la estructura.
Anif indica que deja algunas incógnitas sobre cómo se sostendrán las ampliaciones de los programas sociales a futuro.
Dice que uno de los puntos más llamativos del proyecto de reforma, es que dos de las principales fuentes de financiación son la austeridad en el gasto público y la lucha contra la evasión de impuestos. Sobre el primer rubro, se espera ahorrar $1.9 billones anuales por medio de eficiencias en gastos administrativos y logísticos, congelación en vacantes y restricción en los cambios de planta de personal y control a los contratos de prestación de servicios. En lo que se refiere al segundo aspecto, se estima aumentar el recaudo en $2.7 billones adicionales por medio de nuevas medidas contra la evasión fiscal, como lo son la transformación de la factura electrónica, masificación del RUT y georreferenciación.
Las medidas propuestas en esta vía representarían cerca del 30% del recaudo total que contempla adicionar el Proyecto de Inversión Social. Para la agremiación financiera, la cifra encierra un alto grado de incertidumbre, ya que es imposible saber con certeza qué tan efectivas serán las medidas propuestas para generar ahorro y controlar la evasión.
“Si bien la propuesta permite solventar las necesidades de gasto y empezar a estabilizar las finanzas públicas para el 2022, tenemos que avanzar y ser cautos desde ya con lo que se viene en términos de las presiones fiscales con las que tendrá que lidiar el Gobierno entrante. Por eso consideramos que habrá que embarcarnos una vez más en las discusiones sobre la estructura del sistema de recaudo del país”, dice el gremio.
Añade que es necesario equilibrar las cargas impositivas entre personas jurídicas y naturales, corregir la deficitaria focalización de los subsidios pensionales a las personas de altos ingresos para redirigirlos a los más vulnerables y llegar a una estructura progresiva en la que el grueso de la contribución esté en cabeza de las personas de mayores ingresos.
“Con seguridad la nueva administración tendrá que tramitar en agosto de 2022, como una de sus prioridades, una reforma de esas características, es decir estructural, para retomar una senda de estabilización macroeconómica y fiscal que sea consistente con nuestras metas de generación de empleo, disminución de la pobreza y corrección de la desigualdad”, indica el informe de la Anif.
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D.A.
