En relación con el anuncio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre sanciones a 31 empresas del sector, entre ellas cinco en Barranquilla, ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA. se permite aclarar su situación y rechazar la información difundida por la entidad.
La compañía advierte que la Superintendencia presentó como definitiva la cancelación de su licencia de funcionamiento, pese a que dicha decisión no se encuentra en firme y continúa siendo objeto de recursos legales.
“Se comunicó como un hecho definitivo lo que jurídicamente sigue en discusión, generando una percepción equivocada que ha afectado la reputación, la operación y la confianza en la empresa”, señala la compañía.
Según ATENAS, el proceso administrativo presenta graves inconsistencias, entre ellas:
* Uso de información errónea y datos no verificables.
* Utilización de registros sin validez jurídica como si fueran antecedentes judiciales.
* Falta de valoración integral de las pruebas aportadas.
* Señalamientos derivados de fallas técnicas en las plataformas APO y RENOVA de la propia Superintendencia.
Adicionalmente, la empresa considera desproporcionada la sanción frente a los hallazgos de la visita realizada el 6 de junio de 2024, los cuales asegura no corresponden en su mayoría a la realidad.
Fallo de tutela confirma vulneración de derechos
El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo de tutela en primera instancia del 7 de abril de 2026, amparó los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de ATENAS.
El juez concluyó que la Superintendencia vulneró estos derechos al difundir información sin que existiera una decisión en firme, generando afectaciones reputacionales.
“El señalamiento erróneo o prematuro tiene un impacto mayor en su reputación y en su estabilidad comercial”, señala el fallo, que además advierte que la publicación de información sin contexto puede afectar la percepción pública sobre la actividad de la empresa.
Asimismo, la decisión judicial calificó como reprochable la actuación de la entidad al no corregir la información divulgada y le ordenó rectificarla en un plazo de 48 horas, instrucción que no ha sido cumplida.
ATENAS reitera:
* El proceso sigue en curso.
* No existe una sanción en firme.
* La información difundida no refleja la realidad jurídica del caso.
Finalmente, la empresa anunció que ejercerá todas las acciones legales necesarias para la defensa de su buen nombre, honra y el respeto al debido proceso.
