La reciente ola de violencia registrada en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca ha intensificado el debate nacional sobre la efectividad de la política de ‘Paz total’ impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de crecientes cuestionamientos por la seguridad en varias regiones del país.
El hecho más grave ocurrió el sábado en la Vía Panamericana, a la altura del sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde la detonación de un artefacto explosivo que era transportado en una buseta dejó al menos 19 personas muertas y más de 38 heridas.
Entre las víctimas se encontraba Patricia Mosquera, funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y reconocida lideresa social del Movimiento de Mujeres Afropatianas, cuya muerte ha generado conmoción en la región.
De acuerdo con las autoridades, el atentado habría sido perpetrado por la columna ‘Jaime Martínez’, perteneciente al Estado Mayor Central, estructura armada ilegal que opera en el suroccidente del país. Esta facción es señalada de estar bajo el mando de Iván Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos.
A su vez, esta organización hace parte del grupo disidente liderado por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, considerado uno de los hombres más buscados de Colombia y también con recompensa vigente por parte del Estado.
El impacto del atentado quedó evidenciado en la destrucción total de varios vehículos y en la formación de un enorme cráter de aproximadamente diez metros de profundidad que atravesó la carretera, interrumpiendo el tránsito en uno de los corredores viales más importantes del suroccidente colombiano.
Testimonios de sobrevivientes dan cuenta de la magnitud del ataque. Conductores que transitaban por la zona relataron cómo la explosión ocurrió en cuestión de segundos, lanzando vehículos por los aires y dejando escenas de caos, destrucción y dolor entre las familias afectadas.
En el lugar, aún se observan restos de automotores, pertenencias personales y rastros del impacto, mientras familiares de las víctimas recorren la zona en busca de objetos que les permitan identificar a sus seres queridos.
Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación del Cauca decretó tres días de duelo, calificando lo ocurrido como un “ataque indiscriminado contra la población civil”.
Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, rechazó el atentado y pidió a las autoridades intensificar las acciones para capturar a los responsables, así como reforzar las medidas de protección para evitar nuevos hechos de violencia.
Mientras avanzan las investigaciones, el atentado vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en las regiones y los resultados de las estrategias del Gobierno frente a los grupos armados ilegales, en un contexto donde la población civil continúa siendo la principal afectada por el conflicto.
