Mandatarios exigen soluciones legales y protección de derechos fundamentales para sus comunidades.
A raíz de la implementación de los períodos de continuidad por parte de Air-e, en sectores de 21 municipios del Atlántico, por una deuda acumulada cercana a $1 billón, los alcaldes afectados se reunieron este miércoles y rechazaron enérgicamente las acciones de la empresa, al considerar que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades.
Frente a esta situación, en representación de todos los mandatarios, los alcaldes de Malambo, Luruaco, Repelón y Piojó se pronunciaron.
La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, destacó la labor que ha desarrollado su equipo de trabajo desde la Administración Municipal para realizar varias mesas técnicas con la comunidad, pero descalificó la falta de interés de la empresa de servicios públicos al no responder ninguno de los PQRS de los ciudadanos de manera adecuada.
De igual forma, la mandataria resaltó la necesidad de tomar acciones en conjunto, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Procuraduría, para garantizar una correcta inversión de recursos en cada municipio.
Orozco explicó la importancia de tener un concepto jurídico para tomar las decisiones correctas sobre la propuesta, en materia de inversión, planteada por Air-e a todos los alcaldes municipales.
El alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, se mostró molesto con la decisión de la empresa Air-e de hacer cortes de energía en los municipios, ya que afecta la seguridad de la familia y de la comunidad.
Hanna calificó de despiadada a la empresa de servicios, por tratar de recuperar una cartera morosa de muchos años. Propuso que se inicien acciones legales, en lugar de cortar el servicio a toda la población. “Esto es una situación que afecta a la familia, genera protestas y nos puede llevar a un caos y a unas consecuencias lamentables en el futuro”, advirtió.
Por su parte, el alcalde de Repelón, Jorge Reales Martínez, aseguró que en búsqueda de un punto de equilibrio, trabajar unidos les permitirá defender los intereses de sus localidades y garantizar un servicio público eficiente. “Estamos pensando acudir al Ministerio Público, al Ministerio de Minas y Energías y a nuestras comunidades, para hacer las mesas técnicas necesarias y acudir a todas las vías de hecho legal”, señaló.
Finalmente, el alcalde de Piojó, Fernando Tejera, manifestó que también trabajarán en conjunto con la Defensoría del Pueblo para tomar acciones legales y escalar el problema a nivel nacional, principalmente con el presidente de la República.
El burgomaestre reiteró que la situación sobrepasa las capacidades económicas y jurídicas, pasando a un tema de vulneración a las comunidades y trascendiendo a una violación de derechos fundamentales. “Estamos siendo afectados millones de personas, y creo que esta no es una situación que solamente la podamos arreglar desde los municipios de sexta categoría y desde cualquier municipio del Atlántico. Esto ya es una cuestión histórica”, puntualizó Tejera González.
