La Alcaldía Municipal de Candelaria recibió la visita de funcionarios de la Contraloría General de la República, por solicitud del alcalde Gregorio Brito Valencia, quien puso al conocimiento de este órgano de control irregularidades en el contrato N° LP003-2018 por concepto de remodelación del palacio municipal.
Dicho contrato fue firmado el 25 de octubre de 2018 por la pasada Administración Municipal, liderada por el entonces alcalde Javier Rodríguez Consuegra por un valor que asciende a los $511.700.185 COP en un plazo de ejecución de tres meses, pero hasta la fecha no se ha recibido la obra a satisfacción.
“La empresa encargada de ejercer la interventoría del contrato de obra es JL INTERCON S.A.S cuyo representante legal es el señor Gabriel Enrique Acosta Jiménez no se ha pronunciado ante todos estos inconvenientes de terminar la obra en el tiempo estipulado, en el contrato de obra no se ha ejecutado con la calidad de las actividades y materiales con que fue contratado”, destacó Luis Daniel Perea, secretario municipal de Infraestructura en la misiva enviada a la Contraloría.
Aún sin recibir la obra se presentan filtraciones de aguas lluvias en la cubierta del segundo nivel de la estructura, como también deterioro del cielo raso que no está completo, también en instalaciones y equipos eléctricos y de oficina, deterioro de muros de mampostería, situaciones que pone en riesgo la integridad física del personal que labora en este edificio.
Además, no existe rampa de acceso para el segundo nivel para la población en condición de discapacidad; por lo tanto, no se está cumpliendo con el principio de igualdad.
En ese mismo contrato, se contempló la adición de 600 millones de pesos por concepto de obras complementarias, para la primera fase, pero también la pasada Administración decidió no ejecutarlo por falta de presupuesto, quedando la obra incompleta de acuerdo con la planificación que se realizó.
El compromiso del actual alcalde y su gabinete es el de poner al conocimiento de la Contraloría estas irregularidades para velar por el correcto uso de los recursos públicos y evitar el detrimento patrimonial.
