En un giro significativo para el sector energético colombiano, la empresa distribuidora Air-e ha presentado una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra cinco grandes generadoras de energía, alegando una presunta cartelización tácita en la formación de precios. La denuncia, según Air-e, revela prácticas que podrían estar afectando gravemente a los consumidores, especialmente en las regiones más vulnerables del país.
En el documento radicado por Air-e, se desglosó los detalles de la denuncia. “Al analizar cómo estas empresas cobran por la energía, encontramos comportamientos que solo pueden explicarse como una posible cartelización tácita a través del paralelismo en la formación de precios en la bolsa de energía”.
La cartelización tácita es una práctica sofisticada y moderna. Hoy en día, las empresas pueden fijar precios a través de señales, aprovechándose de la naturaleza esencial del producto que ofrecen. Esto resulta en precios presuntamente excesivos, perjudicando a los colombianos en un país con altas tasas de pobreza y desigualdad. Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes.
La denuncia incluye ejemplos concretos que sugieren manipulación de precios. Un evento notable ocurrió el 23 de octubre de 2023, cuando la SIC visitó a varios generadores. El precio del kilovatio, que estaba en más de 1,400 pesos, bajó a 290 pesos en solo 11 días. Una reducción del 80% en tan corto tiempo no puede justificarse por factores económicos o climáticos, por lo que todo apunta a una posible manipulación coordinada
Se destacan otro presuntos comportamientos que podrían estar perjudicando a los usuarios. Se han podido evidenciar posibles acuerdos de precios, negativas de venta energía, extracción de excedentes del consumidor, utilidades indebidas y competencia desleal. Estas prácticas de ser ciertas habrían resultado en costos posiblemente inflados y una carga financiera injusta para los consumidores.
Un punto crítico en la denuncia es el “cargo por confiabilidad”, un monto que los colombianos han estado pagando durante los últimos 18 años, sumando un total de 68 billones de pesos. Este cargo debería garantizar el suministro en tiempos de escasez de agua. Sin embargo, cuando el país estuvo al borde de un apagón, los generadores presuntamente manipularon los precios para evitar activar los mecanismos de este seguro, dejando a los consumidores sin protección.
La denuncia también expresa preocupaciones sobre posibles represalias. “Desde el día en que presentamos la denuncia, pedimos al gobierno una vigilancia especial. Se temen que los generadores tomen represalias contra Air-e y los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Lo que buscamos es un mercado de precios justos de energía para los más vulnerables.
Según Air-e, los entes de control deben jugar un papel crucial en esta situación. “Los casos que hemos presentado deberían haber activado las alarmas y motivado acciones. No existe otro bien en Colombia que afecte a tantas personas y con tanta magnitud como la energía.
A pesar de los desafíos, Air-e ha logrado mejorar la calidad del servicio a niveles históricos y ha cumplido sus metas regulatorias para 2030. “Atendemos dos de los tres departamentos más pobres de Colombia y sabemos que el proyecto nunca será sostenible si las facturas son impagables para estas personas. Necesitamos reglas y controles claros para que los generadores ofrezcan energía de calidad a precios justos.
La denuncia de Air-e contra las generadoras de energía en Colombia destaca prácticas que podrían estar afectando profundamente a los consumidores. Es esencial que las autoridades tomen medidas decisivas para garantizar la equidad y justicia en el mercado de energía, protegiendo a los consumidores y promoviendo un entorno competitivo y transparente.
