La crisis institucional en la Universidad del Atlántico llegó a un punto límite. Las tensiones entre la institución y el Ministerio de Educación escalaron al nivel en que, según fuentes del Ejecutivo, la intervención estatal es hoy un escenario prácticamente inevitable. La desconfianza del Gobierno se agudizó tras las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de elección del actual rector, Leyton Barrios.
De acuerdo con informes técnicos conocidos por el Ministerio, se hallaron inconsistencias en la experiencia académica certificada por el rector, así como documentos contradictorios relacionados con su trayectoria docente y directiva. Las alarmas aumentaron cuando se identificaron decisiones disciplinarias inusuales contra miembros del Comité Electoral que habían advertido estas anomalías, lo que generó sospechas de un uso indebido de los mecanismos sancionatorios internos.
Ante este panorama, el Ministerio de Educación impuso vigilancia especial y ordenó la presencia permanente de un inspector in situ dentro de la institución, figura contemplada en la Ley 1740 de 2014. Este delegado tiene la facultad de revisar diariamente los procesos administrativos, financieros y contractuales, solicitar información, ordenar correctivos y señalar riesgos que puedan profundizar la crisis. Aunque no reemplaza a las autoridades universitarias, actúa como un interventor técnico de alta vigilancia.
En el Gobierno consideran que la distancia con el rector Leyton Barrios es ya insalvable. En altos despachos del Ejecutivo afirman que la única salida viable para superar la crisis es su renuncia irrevocable. De no ocurrir, advierten, el proceso formal de intervención avanzará con mayor rapidez.
La Universidad del Atlántico, señalada no pocas veces por sus disputas internas, enfrenta ahora uno de los momentos más complejos de los últimos años, mientras la comunidad académica permanece expectante ante las decisiones que tomará el Ministerio en los próximos días.
