En un operativo articulado entre la Gobernación del Atlántico, Aguas del Sur (Aqsur), Aresur y la Policía Ambiental se intervinieron 27 puntos de conexiones ilegales en grandes fincas, canteras y empresas que de manera ilegal estaban hurtando agua potable. Los operativos dejaron como resultado 11 comparendos impuestos por la Policía Nacional.
“Vamos a seguir atacando de manera contundente todas aquellas conexiones ilegales que están hurtando agua potable de la infraestructura construida para llevar el líquido a todos los atlanticenses. No permitiremos que sigan poniendo en riesgo la operación en el Departamento. Se calcula que el fraude en el sur del Atlántico haciende al 60 por ciento, cantidad que está destinada para el consumo humano”, afirmó la secretaria de Agua Potable, Lady Ospina.
La intervención se realizó en cinco líneas de suministro de agua potable en poblaciones como La Puntica, Santa Cruz, Luruaco, Arroyo de Piedra, Manatí, Carreto, Candelaria, Campo De La Cruz y Bohórquez. La línea más crítica es la que conduce el líquido entre Luruaco y Arroyo de Piedra, la cual pierde cerca del 90 por ciento de agua por conexiones ilegales durante en su recorrido.
“De los 30 litros por segundo que se envían por la línea de conducción a Arroyo de Piedra solo llegan alrededor de 4 o 5 litros por segundo. Desde la empresa Aqsur estamos haciendo un esfuerzo enorme para mejorar cobertura y calidad del agua, pero no puede ser posible que en algunas zonas residenciales llegue la mitad de lo que bombeamos. Todo esto se debe al robo continuo de agua que hay, especialmente en algunas fincas que hacen conexiones o rompen los tubos para darle agua potable a los animales, riego o simplemente para dejarla correr a los jagüeyes”, destacó el director de Operaciones de Aqsur, Edwin Ortiz.
A estos operativos los acompaña una serie de obras, que permitirán mejorar el servicio en Luruaco y sus corregimientos, pues desde el 2019 la Gobernación del Atlántico gestionó ante el Ministerio de Vivienda la instalación de un tubo que recorre 36,3 kilómetros de longitud.
Esta obra tiene una una inversión de 36 mil millones de pesos y contempla traer agua desde el canal del Dique hasta este municipio que hoy se abastece de la laguna de Luruaco; lo que también genera dificultades sobre todo en épocas de verano, ya que es un cuerpo de agua que no se alimenta de otros.
Por su parte, el jefe de la Policía Ambiental del Atlántico, intendente Germán Bahos, invitó a los ciudadanos a cuidar el líquido y denunciar las conexiones fraudulentas, a través de la línea 123 de la Policía Nacional.
“Desde la Policía Nacional seguiremos llevando a cabo las labores de vigilancia e inspección, esperamos contar con el respaldo de la comunidad para que sigan denunciando y, de esta manera, mejorar el servicio. Este es un compromiso de todos y queremos que las comunidades cuenten con nuestro respaldo en esta lucha para llevar agua potable a sus hogares”, indicó Bahos.
El delito en el que incurren los ciudadanos al conectarse de manera ilegal a las redes de agua potable está tipificado en el Código de Policía como defraudación de fluidos, que puede dar de 16 a 72 meses y ocasionar multas entre el 133 a 150 salarios mínimos legales vigentes.
