Con el fin de mejorar el servicio de acueducto en el sur del departamento, la Gobernación del Atlántico, AQsur SA ESP, Aresur SA ESP y la Policía Nacional lanzaron un operativo para anular las conexiones irregulares presentes en las tuberías de agua cruda y tratada, con las cuales se está derivando agua hacia fincas, afectando a los habitantes de Manatí, Candelaria, Leña y Carreto.
“Este año hemos iniciado la vigilancia a los acueductos en el sur del departamento y hemos dado duros golpes a los defraudadores de agua potable en el Atlántico, gracias a un esfuerzo interinstitucional entre la Gobernación, Arcos SA ESP, Aresur SA ESP, AQsur SA ESP y la Policía Nacional. Durante todo el año seguiremos haciendo un trabajo riguroso, identificando previamente los puntos del fraude para iniciar los procesos correspondientes”, indicó la secretaria de Agua Potable, Lady Ospina.
Estos operativos en el sur del departamento buscan reducir la afectación del suministro que viene afectado las líneas de agua cruda y potable, como lo señaló el gerente de Aresur SA ESP, Ignacio Ballestas. “Estuvimos en un operativo anulando todas las conexiones irregulares detectadas en la línea de aducción que lleva el agua cruda hasta la planta de tratamiento de agua potable. Con los operativos recuperamos siete litros por segundo que estaban siendo utilizados, en algunas de las fincas, en actividades pecuarias”, indicó.
Por su parte, el director de Operaciones de AQsur, Edwin Ortiz, aseguró que la intervención dejó las anulaciones de 15 conexiones irregulares en las tuberías del acueducto de Manatí y Candelaria, siete en la tubería de agua cruda y ocho en la tubería de agua potable, recuperándose para el sistema de acueducto de Manatí y Candelaria un caudal de 10 litros por segundo. “Con esto evidenciamos la mejora en el tiempo de llenado de los tanques de almacenamiento del agua tratada”, destacó.
Además, invitó a los atlanticenses a denunciar ante la Policía Nacional cuando vean este tipo de anomalías. “Estos operativos los vamos a seguir realizando con regularidad para ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios”, agregó.
El delito en el que incurren los ciudadanos al conectarse de manera ilegal a las redes de agua potable está tipificado en el Código de Policía como defraudación de fluidos, que puede dar prisión de 16 a 72 meses y ocasionar multas entre el 133 a 150 salarios mínimos legales vigentes.
