La propuesta del Ministerio de Minas y Energía de que los estratos altos y los usuarios industriales y comerciales asuman el pago de los saldos de la opción tarifaria ha generado una fuerte oposición por parte de diversos sectores económicos.
Actualmente, el monto adeudado por este concepto asciende a $3,1 billones, según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), y se viene pagando a través de las facturas de energía de todos los usuarios.
Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, calificó la propuesta como “inaceptable”, señalando que el Gobierno está incumpliendo su promesa de asumir la opción tarifaria, tal como lo había anunciado el presidente Gustavo Petro el 7 de mayo de 2023 en Barranquilla.
“El presidente en ningún momento condicionó su propuesta a la aprobación de la Ley de Financiamiento, por lo cual consideramos que es una promesa incumplida”, afirmó López.
Desde el sector energético, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), cuestionó la medida, argumentando que el Gobierno tiene la capacidad fiscal para asumir la deuda pero ha evitado abordar el tema desde el año pasado.
Además, criticó que un grupo reducido de usuarios tenga que asumir un costo que beneficia a otros. Comparó la situación con el pago de pérdidas de energía, donde los usuarios pagan en sus facturas por los fraudes cometidos por terceros.
Por su parte, Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, exigió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) claridad sobre los valores reales de la opción tarifaria y advirtió que el Gobierno se apresuró a prometer su pago sin evaluar su impacto real.
En el caso de la empresa Air-e, los saldos de la opción tarifaria fueron diferidos a 10 años, aunque solo restaban tres meses para terminar el pago. Esto redujo el cobro en la factura de $265 a cerca de 12 pesos, lo que significó una disminución considerable para los usuarios, pero sin que la deuda fuera condonada.
Inicialmente, esta medida se presentó como transitoria, mientras el Gobierno asumía la deuda como pública, algo que ahora parece descartado con la nueva propuesta.
Con este panorama, los gremios insisten en que el Gobierno debe honrar su palabra y asumir la deuda en lugar de trasladarla a un sector específico de los consumidores.
