El Vicecontralor General de la República, Carlos Zuluaga, expresó su creciente preocupación sobre el proyecto de reubicación de los damnificados en el municipio de Piojó, Atlántico, tras la avalancha que afectó la zona en noviembre de 2022.
Según Zuluaga, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha adquirido un predio para reubicar a las más de 160 personas afectadas, pero este se encuentra a una distancia considerable de la cabecera municipal, específicamente a cuatro kilómetros, lo que dificulta el acceso a servicios públicos como acueducto, alcantarillado y electricidad.
“El proceso de reorganización iba a ser bastante complejo. Ese predio no tiene las condiciones necesarias para garantizar una reubicación efectiva. La falta de acceso a servicios básicos y la ubicación remota dificultan las posibilidades de llevar a cabo el proyecto de manera exitosa“, explicó Zuluaga. A su vez, el Vicecontralor advirtió que la falta de infraestructura adecuada también podría dificultar futuras inversiones en la zona, lo que haría aún más complejo el proceso de reubicación.
Además de estas preocupaciones, Zuluaga señaló que la UNGRD ha incumplido con el pago de los subsidios de arrendamiento que debían recibir las familias afectadas desde diciembre de 2024. Estos subsidios son cruciales para que los damnificados puedan pagar los arriendos mientras se realizan las obras de reubicación. “Desde diciembre, no se han hecho aportes para los subsidios de arrendamiento, lo que ha dejado a muchas familias en una situación precaria”, destacó Zuluaga.
El Vicecontralor también señaló que, debido a la falta de acción por parte de la UNGRD, se está considerando realizar un recorrido por el municipio de Piojó este viernes, con el fin de conocer de primera mano la situación de las familias afectadas y el estado del predio que se destinaría para la reubicación. Durante este recorrido, se espera que se entreguen más detalles sobre el estado del proyecto y se analicen posibles soluciones.
La situación en Piojó sigue siendo un tema de preocupación tanto para los afectados como para las autoridades, quienes deben evaluar la viabilidad del proceso de reubicación y tomar medidas inmediatas para garantizar que las familias damnificadas no queden desprotegidas.
