La Cumbre Energética del Caribe realizada en Sincelejo, Sucre, con una nutrida participación de los distintos actores del sector energético y liderada por los gobernadores de la región, permitió que se hicieran peticiones puntuales al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, enfocadas en ajustar la tarifa y que los usuarios no asuman las pérdidas y las inversiones que hacen las empresas operadoras Air-e y Afinia.
La primera petición es modificar los límites del consumo de subsistencia que consiste en que los habitantes del Caribe, de los estratos 1, 2 y 3 que viven por debajo de los 340 metros sobre el nivel del mar, reciban subsidio por consumo inferior a 252 kWh y no por debajo de 173 kWh como actualmente se aplica.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo que hay que generar equidad en materia tarifaria para los habitantes del Caribe porque en esta zona del país se consume más energía y se le está cobrando a mayor valor. “El tema es de equidad, aquí consumimos más por nuestro clima. Mientras una nevera en Bogotá está en un ambiente de 10 grados, en la Costa está por alrededor de los 30 grados, por eso, el electrodoméstico tiene que hacer un esfuerzo adicional y eso hay que tenerlo en cuenta”, detalló.
Otro de los requerimientos de los mandatarios es excluir de la facturación los cobros excepcionales como lo son las pérdidas por robo o por problemas técnicos, y las inversiones que están haciendo las empresas para su expansión.
La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, dijo que no es justo que las pérdidas que tiene la empresa se las facturen a los usuarios, por eso, indica que hay que insistir en la derogación de la regulación 015 de 2015, ya que su aplicación afecta en más del 20 % el valor de la factura en el Caribe.
“Vamos a seguir perseverando para que esas tarifas sean justas para nuestra gente. Queremos que esas pérdidas técnicas y no técnicas no sean cargadas a los usuarios”, comentó García Montes.
Aunque se destacó el avance que han tenido las empresas en su capacidad operativa, los mandatarios coinciden en que es una responsabilidad de las compañías su proceso de expansión, por lo tanto, no deben transferirse a los usuarios el pago de tales inversiones.
“Este tipo de acciones lo que hacen es restar competitividad a la región Caribe y empobrece aún más a sus habitantes, por eso las inversiones deben ser responsabilidad directa de las empresas prestadoras y no del usuario porque finalmente la gente simplemente está pagando un servicio”, destacó Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.
RECURSOS NATURALES
Una de los puntos en los que coincidieron el ministro de Minas y Energía y los mandatarios departamentales fue en la creación de comunidades energéticas que sirven para producir, suministrar, consumir, almacenar y distribuir energía limpia.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, dijo que todo el Caribe y en especial su departamento, tienen un potencial inagotable para seguir sacando provecho de la generación de energías limpias para lo cual se convino con el funcionario del Gobierno nacional priorizar proyectos no solo en su territorio, sino en los demás de la región.
“Toda la región Caribe tiene un potencial enorme para la producción de energías renovables o limpias, por eso vemos con agrado lo que el ministro nos ha dicho sobre la posibilidad de priorizar proyectos de comunidades energéticas que, en el mediano plazo, traerán bienestar a sectores importantes de mi Guajira”.
Sobre este particular, en el documento que le entregó el gobernador Eduardo Verano al ministro Camacho se lee: “Para las Comunidades energéticas, implementar soluciones fotovoltaicas de 5-10 megavatios para atender las zonas especiales y de difícil gestión y contar con un PPA (acuerdo de energía limpia a largo plazo y a un precio prefijado) que garantice el suministro del servicio a precio competitivo”.
El ministro de Minas y Energía concluyó que estudiará cada una de estas propuestas y los mandatarios que asistieron a esta cumbre, que se realizó en la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), dijeron que seguirán en pie de lucha para lograr tarifas justas para los ciudadanos de esta zona del país.
