Una guerra política que empezó con supuesto montaje de comparendo por conducir embriagado terminó en presunto acoso laboral.
En Galapa, Atlántico, se desató un escándalo en plena contienda política, por cuenta de la denuncia que radicó la exinspectora de Tránsito del municipio, Carlay Camargo, quien aseguró ante los organismos de control a su jefe, el alcalde del municipio, José Fernando Vargas Muñoz, por supuesto acoso laboral.
Se conoció que el pasado 30 de agosto la funcionaria denunció ante la Procuraduría al alcalde luego de considerar que es víctima de acoso laboral por no ceder a las presiones que presuntamente él habría ejercido para sancionar de manera injusta a un concejal de la oposición, tras un supuesto montaje que habría hecho la administración municipal para decir que él conducía bajo estado de embriaguez, “el error más grande que pude haber cometido fue decir que actuaría en derecho”, dijo Camargo.
En los documentos que presentó ante el ministerio público, la abogada señala textualmente: “la persecución en mi contra está motivada porque el señor alcalde José Fernando Vargas Muñoz, me presionaba para que sancionara al concejal Fabio Alberto Bonett Berdugo, presuntamente por alcoholemia, por ser enemigo político, cuando en realidad no existía mérito para tal finalidad”. Esa situación habría llevado a que, según ella, de manera arbitraria le quitaran funciones, pasándola de inspectora de tránsito a asesora jurídica, sin seguir el debido proceso, teniendo en cuenta que ella es de carrera administrativa, que se ganó el cargo a través de un concurso de méritos que se realiza en el ámbito nacional y sin tener el aval del concejo municipal para la aprobación de los cambios a la nómina de la secretaria.
El cargo que ocupaba lo desempeñaba desde hace 11 años, los primeros en encargo y a partir de 2020 fue nombrada en propiedad en el nivel profesional universitaria, con los cambios que realizó el alcalde el cargo fue asignado a un técnico. Pese a que algunos especialistas en derecho laboral señalan que el concejo municipal era quien debería aprobar los cambios en la planta del personal mediante un acuerdo, el alcalde manifestó en SEMANA, que él tomó la decisión por decreto, y que eso se lo permite la ley. También admitió que no le notificó de su decisión a la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que lidera la ejecución de los concursos de méritos para el ingreso al empleo público, aunque algunos juristas opinan que ese es un paso obligatorio a seguir.
El alcalde manifiesta que con la decisión lo “único que queríamos era bajarla la carga laboral, pero o se le quitó, desmejoró el salario, lejos estamos de un acoso laboral”, al preguntarle por las supuestas presiones que habría hecho para sancionar a su rival político queriéndolo hacer ver un conductor ebrio manifestó que nunca habló con ella del caso, que jamás preguntó por cómo iba el proceso, y fue enfático en asegurarlo.
Sin embargo, cuando el quipo periodístico le dijo que tenía en su poder algunos chats en los que se evidenciaba que él preguntaba constantemente por “el caso de Fabián” y por las demoras que se estaban presentando, recordó que quizás sí había preguntado por eso en algunas ocasiones, pero que nada distinto a la curiosidad teniendo en cuenta que se trataba de un caso mediático que había llegado a medios nacionales.
Será la justicia que defina si existe irregularidades o no en esta historia que se convirtió en una novela en las calles de Atlántico.
