La reciente designación de Rafael Castillo como rector encargado de la Universidad del Atlántico, ordenada por el Ministerio de Educación Nacional, no solo generó un remezón administrativo en la institución, sino que ahora abrió un nuevo frente de control disciplinario que sacude a la academia y a la política universitaria del Caribe.
En primicia se conoció que la Procuraduría General de la Nación envió un requerimiento formal a la Universidad del Atlántico para que explique si fue efectivamente cumplida una sanción disciplinaria impuesta a Castillo cuando se desempeñaba como docente y exrector de la institución.
El pedido del Ministerio Público se produce en medio de la controversia por la salida de Leyton Barrios de la rectoría, luego de que una resolución del Ministerio quedara sin efecto por una presunta irregularidad en su notificación, situación que abrió la puerta al nombramiento de Castillo como rector encargado.
La pregunta de fondo: ¿la sanción se ejecutó o quedó en el papel?
En el documento, la Procuraduría solicita a la UniAtlántico aclarar tres puntos clave que hoy generan inquietud pública:
- Si la Universidad del Atlántico dio cumplimiento real a la sanción disciplinaria, indicando con exactitud la fecha de inicio y finalización de la suspensión impuesta a Rafael Castillo.
- Si la sanción no fue aplicada, explicar de manera detallada las razones que impidieron su ejecución y qué actuaciones adelantó la institución para garantizar su cumplimiento.
- Remitir copia de los actos administrativos y comunicaciones oficiales relacionados con la imposición y aplicación de la medida disciplinaria.
El Ministerio Público fue enfático en fijar un plazo máximo de cinco días hábiles para que la universidad responda, advirtiendo que la información deberá ser enviada al correo institucional de la Procuraduría Regional Atlántico.
El antecedente disciplinario que revive la polémica
De acuerdo con lo conocido, la sanción contra Rafael Castillo se originó por hechos ocurridos cuando ejercía como rector de la Universidad del Atlántico. Según la Procuraduría, Castillo habría incurrido en una extralimitación de funciones al autorizar una comisión de servicios remunerada en Argentina a un docente de la Facultad de Ciencias Económicas.
El permiso tenía como finalidad que el profesor asistiera a clases de doctorado en la Universidad Nacional del Rosario, situación que, para el Ministerio Público, no se ajustaba al marco legal vigente.
La conducta fue calificada como falta gravísima cometida con dolo, es decir, con pleno conocimiento de que la actuación se encontraba por fuera de la normativa, un elemento que agrava la responsabilidad disciplinaria.
¿Un rector sancionado… y luego designado?
El requerimiento de la Procuraduría reaviva un debate incómodo: ¿puede una persona asumir la rectoría encargada de una universidad pública si existe una sanción disciplinaria que, eventualmente, no fue ejecutada?
La pregunta no es menor. Si se confirma que la medida no se cumplió o fue omitida, el foco ya no estaría solo sobre Rafael Castillo, sino también sobre la administración de entonces, encabezada por el exrector Danilo Hernández, y sobre los mecanismos internos de control de la universidad.
Un nuevo capítulo en la crisis institucional
Este episodio se suma a una seguidilla de tensiones que atraviesa la Universidad del Atlántico: decisiones ministeriales controvertidas, resoluciones anuladas, disputas por la rectoría y ahora un proceso disciplinario que vuelve a escena.
Mientras la UniAtlántico prepara su respuesta oficial, la comunidad universitaria, los organismos de control y la opinión pública esperan claridad sobre un asunto que podría tener consecuencias administrativas, disciplinarias e incluso políticas.
La Procuraduría ya habló. Ahora la pregunta es: ¿qué responderá la Universidad del Atlántico y qué tan profundo llegará este expediente?
Procuraduria Pide Explicaciones a La UniAtlantico Cumplieron La Sancion Contra Rafael Castillo Cuando Era D… by David Awad
