La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico suspender de manera provisional el cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
La petición se realizó en el marco del estudio de una acción popular presentada por el senador Carlos Meisel, y fue formulada a través de un concepto emitido por la Procuraduría 118 Judicial II Administrativo.
Según el Ministerio Público, la suspensión debe mantenerse hasta que se adopte una decisión definitiva frente a la acción constitucional. Además, propuso la conformación de una mesa de trabajo para socializar los elementos del cobro con la comunidad y evaluar posibles alternativas, lo que permitiría dar mayor transparencia y claridad al proceso.
El organismo también advirtió que mantener el cobro sin una resolución judicial definitiva podría generar conflictos jurídicos futuros y una afectación irreparable a los intereses de la sociedad. En ese sentido, recomendó verificar si en la zona existen comunidades étnicas, y de ser así, realizar las consultas pertinentes conforme a la ley.
La Procuraduría enfatizó que la medida busca proteger derechos colectivos como la moralidad administrativa y otros de igual jerarquía que puedan derivarse del contenido de la demanda.
