La Procuraduría General de la Nación radicó ante el Tribunal Administrativo del Atlántico una demanda de acción popular, que ya fue admitida, y en la que le pide al ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, e Invías, suspender la reanudación del cobro en el peaje Papiros y, entre otras cosas, revisar el desmote de la polémica caseta de control.
Dicha acción popular fue radicada el pasado 27 de junio, es decir, cuatro días antes de que el ministerio de Transporte anunciara la tarifa diferencial de $1.500 para empezar su cobro a partir del 1 de agosto para categorías C1 y C2.
No obstante, la Procuraduría pide que, mientras se resuelve de fondo la demanda, se ordene una medida cautelar que no permita el cobro en el peaje.
En pocas palabras, el Ministerio Público requiere que no se cobre la tarifa diferencial anunciada por el Ministerio de Transporte.
El órgano de control también solicitó que “se ordene a los responsables tomar todas las decisiones necesarias para la reubicación de la báscula de pesaje que se encuentra construida a un lado de la mencionada caseta, en un lugar donde no afecte el transito de vehículos, bicicletas y peatones”.
El órgano de control también solicitó que se ordenara a los responsables “tomar todas las decisiones necesarias para la reubicación de la báscula de pesaje que se encuentra construida a un lado de la mencionada caseta”.
