En un encuentro que reunió a autoridades nacionales y locales, Barranquilla puso sobre la mesa la grave crisis de hacinamiento en sus centros de reclusión y la necesidad de fortalecer la defensa de los derechos humanos frente a los retos del siglo XXI.
La jornada, realizada en la sede de la Personería Distrital, contó con la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, personerías del Atlántico y el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia García, quien también preside la Asociación Global de Ombudsperson Locales (AGOL).
Durante la charla “Revelación de los Derechos Humanos Emergentes”, Bondia recalcó que la defensa de los derechos fundamentales debe adaptarse a nuevas realidades, incluyendo la muerte digna, la renta básica, la equidad digital, el acceso a la inteligencia artificial con enfoque de derechos y el derecho a un ambiente sano. También destacó que la verdadera garantía de estos derechos comienza en el ámbito local, donde se viven de forma directa.
El personero distrital, Miguel Ángel Alzate, alertó sobre la crítica situación en las cárceles de Barranquilla, que registran una sobrepoblación del 51 %, y en estaciones de Policía, donde el hacinamiento alcanza hasta el 400 %, como en San José. “Hemos visto celdas de dos por dos metros con hasta 30 personas y condiciones sanitarias que favorecen la propagación de enfermedades”, advirtió.
En materia de seguridad, Alzate cuestionó la efectividad de las políticas actuales frente a la reincidencia delictiva y pidió medidas sostenidas con respaldo del Gobierno Nacional para combatir el crimen organizado.
Otro punto abordado fue la reciente decisión de la CREG de eliminar un cargo del régimen tarifario especial, lo que reduciría en 54 pesos el valor del kilovatio hora desde septiembre. Sin embargo, el personero advirtió que persisten problemas estructurales en el servicio eléctrico por déficit de infraestructura y crisis financiera de la empresa prestadora.
El evento cerró con un llamado a la cooperación internacional y al fortalecimiento de las personerías como garantes de los derechos humanos y actores clave en la construcción de una democracia más participativa e inclusiva.
